Según FEVITUR estas normativas imponen “requisitos de imposible cumplimiento” para el sector, como la fijación de un número mínimo o máximo de días de alquiler, la concentración de viviendas turísticas en un mismo edificio, la prohibición del alquiler por habitaciones, restricciones urbanísticas en determinados barrios o la exigencia de requisitos técnicos innecesarios. Además, como ya viene denunciando la patronal reiteradamente, la existencia de decenas de ordenanzas y normativas en todo el territorio español provoca que muchas de ellas sean en ocasiones contradictorias entre sí.
Es por ello por lo que, través de esta denuncia, FEVITUR exige a la Unión Europea a que emplace al Gobierno español a “tomar las medidas legislativas oportunas” para proporcionar un “marco jurídico estable, unívoco y acorde a los principios de libertad de establecimiento y competencia” del Parlamento Europeo.
El presidente de FEVITUR, Tolo Gomila, asegura que las acciones jurídicas de la patronal pretenden “lograr la armonización del sector y un marco normativo razonable, sin vulnerar las transferencias a las diferentes Comunidades”. Gomila advierte que las normativas turísticas y urbanísticas “imponen barreras de entrada a un sector que goza de gran aceptación y arraigo” en España.
Esta es la tercera vez que FEVITUR lleva ante las instituciones europeas las diferentes regulaciones autonómicas y municipales que se están aprobando en los últimos años en España. La primera denuncia es de septiembre de 2016 y posteriormente en noviembre de 2017 se amplió para poner en conocimiento de la UE la regulación que se pretendía en Baleares y Castilla y León. Ahora se amplía por segunda vez la denuncia para incorporar las novedades legislativas y judiciales de cuatro destinos más. Según FEVITUR la descentralización de las competencias en materia turística da pie a “una abundante y no siempre acertada actividad legislativa” por parte de las comunidades y ayuntamientos.
