En primer lugar, desde la comisión animalista del Colegio de Abogados, afirman que desde Cort no se cumple siempre con la Ley de Protección Oficial que obliga a los ayuntamientos a custodiar los animales abandonados o perdidos, buscar a sus propietarios para multarlos en caso de ser un abandono o de devolverles a su mascota si la habían perdido, y de darles la oportunidad de encontrar un nuevo hogar.
Durante este proceso uno de los puntos donde más veces falla el proceso, y no debería hacerlo porque estamos hablando de una ley, es la de los casos de abandono y/o maltrato animal, cuando se decide no sancionar al individuo que abandona un animal o que lo maltrata. Incluso hay casos en los que el animal maltratado es devuelto a su antiguo dueño y agresor.
Por otro lado se incumple la ley de forma flagrante en Son Reus, responsabilidad de Cort, cuando meten a los animales abandonados en unas jaulas que directamente no están a la vista de las personas que la visitan. Vulneran su derecho a tener la oportunidad de encontrar un nuevo hogar.
Así que se puede ver como el Ayuntamiento de Palma, liderado por el socialista José Hila, no hace nada para que los animales bajo su responsabilidad no acaben muertos en Son Reus, en manos de sus maltratadores o muertos en una cuneta. ¡Y eso que iban de animalistas!
Otras veces ocurre que el proceso de búsqueda de sus dueños se alarga tanto que el animal puede llegar a correr peligro, a pesar de tener gente interesada en su adopción.
En segundo lugar, hay que recordar que actualmente no existe ninguna ley como tal que regule las colonias de gatos. Otra cosa es que cada consistorio se comprometa a seguir un protocolo moral respecto a estas y reconocerlas como colonias "activas".
De hecho, en Palma existe un protocolo que ha ido evolucionando desde que las asociaciones y comisiones de abogados animalistas negociaron en 2012 con el alcalde de entonces, Mateu Isern (PP). Ese primer protocolo no se acabó del todo, pero sí que fue pionero para la consecución del actual.
Aunque no haya ley, no significa que el alcalde Hila no esté obligado a cumplir el acuerdo firmado con las asociaciones. De hecho, la comisión animalista del Colegio de Abogados ha explicado que al firmar ese acuerdo, se convierte en un documento de obligado cumplimiento.
A día de hoy, bajo el mandato de José Hila, están muriendo gatos y perros cada día mientras el alcalde se dedica a otros menesteres más "importantes" como subirse el sueldo. La inacción es clara y desde las entidades animalistas solo se pide que se haga cumplir la ley. Ni más ni menos.
