Ambas formaciones registraron este viernes en el Parlament las peticiones en las que solicitan la presencia de Santiago en la Cámara autonómica para dar cuenta sobre los motivos del cierre de las habitaciones del albergue, que previsiblemente se mantendrá hasta 2021 por motivos de seguridad.
Desde Cs piden a la titular de Asuntos Sociales del Govern información sobre los motivos de esta decisión "en plena temporada y máxima ocupación, la repercusión que tendrá este cierre para los usuarios y sobre los motivos de la dilación de las obras de infraestructuras".
También reclaman información sobre el plan de medidas para resolver la situación y sobre el estado del resto de infraestructuras juveniles que gestiona el Govern en todas las Islas.
Por su parte, el PP ha registrado la petición de una copia del expediente completo sobre el estado del edificio del albergue, incluido el informe arquitectónico del pasado mes de abril.
Asimismo, han registrado preguntas sobre las motivaciones de no haber realizado "ninguna actuación" en las instalaciones hasta después de las elecciones, "por qué se realizó la convocatoria de reservas para este año; a cuántos niños afecta, qué alternativas se le ha dado a las familias y si los trabajadores y usuarios del albergue han corrido peligro en algún momento".
Desde las filas 'populares' han asegurado estar de acuerdo con la decisión de cerrar el albergue por prudencia y seguridad, aunque no entienden la "falta de previsión" del Govern.
En rueda de prensa, Santiago reiteró que el cierre temporal de La Victoria no afecta ni a la zona de acampada, ni a la cocina ni al comedor de las instalaciones, sino sólo a las habitaciones del albergue. La titular de Asuntos Sociales también señaló que "no hay peligro" para las personas que han ocupado el espacio hasta ahora y subrayó que la instalación tiene la licencia de actividades.
La medida afecta a un total de 1.667 personas que, a través de 62 solicitudes, habían reservado habitaciones hasta finales de septiembre. Desde la cartera de Asuntos Sociales han paralizado las reservas en la zona afectada por el cierre y ha ampliado las plazas en la zona de acampada hasta 360 para ofrecer alternativas de alojamiento a las personas afectadas por el cierre.
Asimismo, la consellera de Asuntos Sociales aseguró que el cierre de las habitaciones no afectará a la quincena de trabajadores del albergue de La Victoria.
Santiago explicó que el Govern tiene detectadas las "necesidades" del edificio desde enero de 2016 al realizar la entonces Conselleria competente del espacio -la extinta cartera de Cultura- un informe de necesidades. En julio de 2017 el Ejecutivo entregó la documentación pertinente al Ajuntament de Alcúdia, que determinó la necesidad de modificar las normas subsidiarias.
La cronología del caso se sucede hasta abril de 2019, cuando los técnicos de arquitectura notificaron al Govern de la necesidad de realizar "mejoras en la seguridad" del edificio o iniciar la "clausura inmediata" del espacio, sin determinar cuál era el período temporal de dicho cierre.
Al traspasar la documentación del caso de Cultura a Asuntos Sociales con el cambio de carteras del nuevo Govern, la Conselleria de Asuntos Sociales considera "superada" la "inmediatez" para cerrar las habitaciones del albergue, al haber pasado cuatro meses desde el informe de los técnicos de arquitectura.
El Govern está estudiando presentar un decreto de urgencia con el fin de agilizar los plazos y los procedimientos administrativos para iniciar las obras en el albergue lo antes posible, aunque las previsiones son las de mantener las habitaciones cerradas hasta 2021.
Las medidas a implementar en el albergue de La Victoria pasan por cumplir la normativa vigente en relación a la evacuación de incendios con la construcción de otra escalera de emergencias.
Además, se debe rehacer la fachada del albergue ya que existe peligro de desprendimientos en la zona. También se debe adaptar la accesibilidad del edificio mediante la instalación de ascensores.
Santiago detalló que las obras se aprovecharían para realizar mejoras en las instalaciones eléctricas del edificio. Además, avanzó que los trabajos tendrán un coste de cerca de un millón de euros para las arcas públicas.
"Pedimos disculpas. La voluntad de la Administración es solucionar la problemática de forma rápida y, a veces, el optimismo nos ciega. Desde abril no se ha avanzado en el procedimiento administrativo, por lo que ahora cerramos el espacio y ofrecemos alternativas a las personas afectadas", manifestó Santiago.
En este sentido, los técnicos de la Conselleria ya han contactado a las personas afectadas, en su mayoría clubes de 'esplai' y menores, para ofrecerles la alternativa de alojarse en la zona de acampada, que pasará de 210 plazas a 360 para absorber las reservas que había en las habitaciones.
La cartera dirigida por Fina Santiago también ha ampliado en 21 las tiendas propias en la zona de acampada y ha solicitado al Ejército más tiendas para conseguir 70 plazas más en la zona de acampada.
