¿Quién recuerda lo del gobierno “de cooperación”, que pareció convertirse en la aportación hispana a la política mundial de pactos? Parece fracasado, pero, ¿quién puede asegurar que tal “cooperación” no regresará, dando nombre a cualquier gobierno sin Pablo Iglesias?
También escuchamos respuestas a la desesperada de líderes antes emergentes que, frágiles perdedores del equilibrio cuando las preguntas aciertan en la herida, reciben duros desmentidos en menos de una hora por concernidos de categoría, averiando seriamente sus expectativas. Recordando a Rivera.
Precisamente, el tema estrella del momento es el de los pactos para formar gobiernos, asunto en el que hasta Europa ha sufrido más de lo habitual. Pues bien, incluso los títulos de las noticias se contagian de la inanidad predominante. Salvo que la nueva estrategia comunicativa consista en ocultar lo interesante en la letra pequeña.
Elegimos el de la noticia que ocupaba la portada de “Público” a las 17:30 de ayer, día 1 de julio. Decía que “Sánchez, que seguirá en Bruselas, concertará por teléfono con Batet la fecha de investidura”. Lo único distinto a todo lo conocido de ese titular es lo del “teléfono” como sistema de comunicación entre políticos del mismo partido. Quizás por si alguien no conoce aún la existencia de un aparato del que ni siguiera nos dicen si sería móvil o fijo, o si, en el primero de los casos, lo haría hablando, con un sms o por whatsapp.
Que un mal envoltorio no desvele la nimiedad con la que se pretende construir una noticia. Como esa “realidad que no debe estropear una buena historia”, frase tantas veces repetida.
Porque lo cierto es que, durante la misma tarde del día 1, varios medios han dado la misma noticia, destacando el mismo detalle irrelevante de la forma de comunicar entre el presidente del Gobierno y presidenta del Congreso cuando están lejos. A quien necesitan tranquilizar, dan ganas de preguntarse
En cambio, el verdadero problema político, el que todo lo condiciona, llamado Catalunya, sigue, en el reino de España, a la espera de una sentencia que será recurrida. Más otros juicios pendientes, como el del Mayor Trapero.
Hace mucho tiempo que nadie en el PSOE recuerda lo mucho que criticaban al PP por judicializar el conflicto. Hoy no solo sienten la tranquilidad de poder culpar a los tribunales de cualquier cosa que ocurra con los catalanes. Incluso el gobierno en funciones sigue judicializando. Ahora contra las delegaciones de la Generalitat recientemente abiertas en otros países. Oficinas como las de siempre. Como las que tienen otras CCAA.
No podemos descartar que el Gobierno en funciones esté espiando todos los movimientos de Torra y los suyos. O una policía “patriótica” bis, por su cuenta. Ya salieron a la luz demasiadas cosas durante el juicio de Marchena.
Mientras, los líderes independentistas, tras el éxito contra las euroórdenes, han conseguido romper de nuevo las fronteras, esta vez gracias a un apoyo electoral conseguido en buena lid. Pero el problema tiene también un recorrido, aún por conocer, en la política europea. Ese Parlamento de Estrasburgo con tres escaños vacíos duele mucho más de lo que parece.
Los políticos europeos, entre los que hay un número importante de simpatizantes con la causa de los catalanes represaliados, deben aclarar si serán tan cobardes como sus colegas españoles, y pasarán la pelota a los tribunales europeos desde el primer momento, o si se atreverán a hacer política para resolver un problema político.
No sería tan difícil: se traduce por plantear una mediación.
Es probable que incluso el gobierno de Sánchez lo esté deseando. ¿Volverían a montar otro Colón los del PP, Ciudadanos y Vox? Esta vez sería contra Europa. ¿O directamente en la Plaza de Oriente, para que ya nadie dude del franquismo que los anima?
No deben rechazarse a la ligera las soluciones planteadas por una “fuerza mayor”.
La novedad de hoy, día 2 de julio, en España, vuelve a ser judicial.
Hablando del 155, resulta que ese artículo de la Constitución dice lo siguiente:
“Punto Primero. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.
Y en el segundo y último punto establece, con claridad, la manera constitucional, en castellano o español, de “obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Es así:
“Punto Segundo. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.
Es decir, dando “instrucciones a todas las autoridades”.
¿Alguien ha leído “podrá destituir” o “cesar” a las autoridades?
El Tribunal Constitucional si, y por unanimidad. Acabo de escucharlo.
Lógico. Es el mismo tribunal responsable de todo lo que el conflicto está dando de sí. Primero, por enmendar en 2010 lo que aprobaron los catalanes en referéndum en 2006, lo que algunos constitucionalistas consideran un “golpe de estado desde dentro del sistema” y, después, por implicarse en decisiones que corresponden a los políticos, a las que están obligados, pues son los únicos que se juegan el cargo en las urnas.
Tras la crisis económica del 29, hace ahora 90 años, se extendió el autoritarismo en varios países. Ahora y aquí, la crisis económica con un gobierno de derechas con mayoría absoluta se ha saldado con leyes autoritarias como la “mordaza”. Y también cediendo a la autoridad judicial la parte más difícil de la acción política.
La evidente inestabilidad del poder político provoca que la Justicia consolide en ese terreno las posiciones conquistadas por la cesión de los gobiernos.
Pero la Justicia es siempre autoritaria y represiva. Su función es condenar y sus miembros no están sometidos a la voluntad del electorado.
Cada vez está más extendida la sospecha de que los políticos eligen a las cúpulas judiciales para blindarse tras ellas.
No sé si esto congenia bien con la división de poderes, pero yo le llamaría distribución organizada del autoritarismo.
