En concreto, el Gobierno modifica la disposición final quinta de la ley educativa, relativa al calendario de implantación de la misma, con el fin de "proporcionar seguridad jurídica" sobre las características y efectos de las evaluaciones mientras se alcanza el pacto educativo.
Este texto cuenta ya con el visto bueno de la mayoría de las comunidades autónomas, reunidas el pasado 28 de noviembre en la Conferencia Sectorial de Educación, y deberá ser aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, además de pasar por los órganos consultivos.
La evaluación de 6º de Primaria será muestral y no censal, de manera que las comunidades autónomas elegirán una serie de centros para hacer esta prueba y no tendrán que realizarla todos los alumnos obligatoriamente como el curso pasado cuando se realizó por primera vez. No obstante, el Ministerio de Educación señala que esto no impide para que si alguna administración autonómica quiere someter a todos sus estudiantes a la evaluación, lo pueda hacer.
La evaluación final de la ESO también será muestral, participando únicamente en ella el alumnado matriculado en 4º que haya sido seleccionado por la Administración educativa; se limitará a las materias troncales generales del último curso y no a las de toda la etapa; no tendrá efectos académicos ni los resultados constarán en el expediente académico del alumno examinado.
La 'reválida' de 2º Bachillerato sólo la tendrán que realizar los alumnos que quieran ir a la Universidad porque esta prueba sustituye a la antigua Selectividad. No tendrá otros efectos académicos que los del acceso a las enseñanzas de Grado y se limitará a las materias troncales generales del último curso y las materias troncales de opción para subir nota, y no a las de 1º y 2º como establece la LOMCE.
Las características, fechas y contenidos de estas pruebas se regularán a través de una orden ministerial, que se encuentra en fase de borrador, cuyo contenido lo debatirá la próxima semana la comunidad educativa en el Consejo Escolar del Estado, órgano consultivo por el que tiene que pasar toda la normativa en materia de enseñanza.
Desde el Ministerio de Educación señalan que esta suspensión de los efectos académicos de las Pruebas "no supone la paralización de las evaluaciones", cuya realización "no sólo es conveniente, sino que facilita información relevante para el diagnóstico del sistema educativo".
Asimismo, justifican que para poder realizar estos cambios, el Gobierno tiene que hacerlo mediante este decreto-ley, "hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación". Así, establece un "periodo de transición hacia el nuevo sistema educativo que permita su aplicación con todas las garantías", según subrayan desde el departamento de Educación.
