Según han confirmado fuentes del Govern a Europa Press, no ha existido ningún tipo de colaboración pública con la Asociación que está siendo ahora investigada por presunta estafa en la recaudación de fondos para un tratamiento médico a la menor.
En este sentido, desde Salud han explicado que no se realiza un control puesto que aunque esté relacionada con una enfermedad, no se trata de una asociación sanitaria que preste actividad asistencial.
Un ejemplo de esto sería la Fundación Respiralia, que presta un servicio al paciente -masajes a niños con Fibrosis Quística- por lo que en este caso sí que hay un convenio con el Govern.
Por otro lado, fuentes de la Conselleria de Presidencia -departamento del que depende el registro- han señalado que el Govern no tiene obligación de hacer seguimiento de la actividad de la Asociación, ni ésta debe presentar balances económicos, por no ser de obligación pública.
De hecho, la comunicación de posibles cambios que pudieran darse a nivel de organigrama -en el registro no constan cambios desde 2009, cuando se inscribió- sería voluntaria.
Por otro lado, si bien en la consulta online del registro no figura el CIF, esto no significa necesariamente que la Asociación carezca de este número obligatorio sino que no se muestre para cumplir con la Ley de Protección de Datos.
