Según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, la organización desmantelada había ganado más de 600.000 euros y blanqueado más de un millón.
Los detenidos son de Guinea Ecuatorial, España, Nigeria, Camerún y Marruecos. Hay un total de 210 personas perjudicadas por esta estafa en España, y otras 20 en Israel, Dinamarca, Alemania, Francia y Grecia. La Guardia Civil ha detectado un uso fraudulento de un total de 104 tarjetas bancarias de España y de otros 12 países.
Las investigaciones comenzaron tras una denuncia presentada en Alicante por una empresa de alquiler de vehículos al detectar un uso fraudulento de las tarjetas con las que contrataban los servicios online.
El primer método que la organización utilizaba era el 'phising'. El presunto estafador o 'phisher' se hace pasar por una persona o empresa de confianza para lograr vía correo electrónico información detallada de las tarjetas de crédito, como puede ser la contraseña o el código valor de verificación de las tarjetas.
Otra de las formas utilizadas era el 'skimming', que consiste en el copiado de la banda magnética de la tarjeta utilizada durante la transacción para clonarla y usarla de forma fraudulenta.
El tercer método empleado por la organización era el 'Bin attack fraud' por el que se generan nuevos números de tarjeta, a partir de uno real, existente. Tras probarlos con una primera transacción de 50 euros, los números válidos se usaban en el siguiente paso con otra transacción con valores entre los 500 y 10.000 euros.
Los miembros de la organización pagaban con las tarjetas falsas hoteles, vuelos, billetes de tren, vehículos de alquiler y efectos informáticos. Los beneficiados abonaban a los cabecillas de la red un precio muy inferior al pagado por estos servicios. Dos de los detenidos transformaban a través de varias empresas ubicadas en Finlandia, Estonia y Reino Unido los beneficios obtenidos en bitcoins. El dinero también era blanqueado en Estados Unidos, Guinea Ecuatorial y Benín a través de plataformas de envío de moneda.
La Guardia Civil ha contado con la colaboración de Interpol, Europol, la Fiscalía Provincial de Delitos Telemáticos, la Fiscalía General de Criminalidad Informática. Las diligencias están a disposición del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante.
