El Gobierno central alega que se han podido vulnerar competencias exclusivas que corresponden al Estado, en los apartados relativos a puertos y aeropuertos de interés general, instalaciones eléctricas, legislación básica de protección de medioambiente y obras públicas de interés general.
El recurso se dirige contra una modificación efectuada en julio de 2018 sobre la Ley balear de Evaluación Ambiental de 2016. El Tribunal ha ordenado dar traslado de la demanda y toda la documentación al Congreso de los Diputados, al Senado, al Govern y el Parlament balear para que puedan personarse y formular alegaciones.
El Consejo de Ministros acordó hace un mes presentar este recurso al considerar que la ley autonómica incorpora artículos que "el Gobierno considera que no se ajustan a la Constitución en materia de Medio Ambiente", según explicó la ministra portavoz, Isabel Celaá.
La portavoz argumentó entonces que las comunidades autónomas "no pueden", amparándose en sus competencias "imponer" la obligación al Estado de someter a evaluación ambiental estratégica los programas y planes que ostenta dentro de sus competencias, porque representaría una extralimitación en el ejercicio de las competencias autonómicas.
En este sentido, la representante del Gobierno central remarcó que la redacción de la normativa autonómica no distingue entre los planes y programas de competencia, en este caso insular, de los que corresponden a la competencia Estatal.
Por su parte, el Govern defendió que los proyectos estatales deberían someterse a los informes de evaluación y de impacto ambiental de la comunidad autónoma. Tras conocer la interposición del recurso, desde el Ejecutivo liderado por la socialista Francina Armengol expresaron "tranquilidad" y señalaron que la discrepancia se trata de un "problema formal" y de una cuestión "puramente competencial" que "no va al fondo" del asunto.
Igualmente, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de Baleares, Antoni Alorda, insistió en que las comunidades autónomas "tienen las competencias para desplegar normas de protección de medio ambiente". "El Estado sostiene que sólo obedecerán a la ley estatal, y nosotros respondemos que la ley estatal marca un básico y que las autonómicas pueden desplegar normas adicionales de protección a todo el mundo, incluyendo el Estado", detalló Alorda, que pedía "un poco de sensibilidad más autonomista por parte del Gobierno del Estado".
El Gobierno de Sánchez decidió interponer el recurso tras no alcanzarse un acuerdo en las negociaciones mantenidas con el Govern balear, al amparo del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Las negociaciones para resolver las discrepancias en la interpretación de la norma entre ambas administraciones se iniciaron en diciembre de 2018 con la creación de una Comisión bilateral de cooperación.
