Durante los años en los que el popular Joan Verger y la nacionalista Maria Antònia Munar eran presidentes del Consell de Mallorca, esta institución se convirtió en lo que la gente llamaba “sa repartidora”. Toda una organización pública dedicada casi exclusivamente a dar dinero a cuanto hijo de vecino se presentara a pedirlo, tuviera o no detrás una estructura, unos socios, una finalidad valiosa, un objetivo presentable. Así se ganaban elecciones porque, de una forma mínimamente encubierta, se compraban los votos. Nadie intentaba disimular aquel escándalo. El Govern y los ayuntamientos también tenían su vertiente de “repartidora” pero, por lo menos, podían disimularlo porque de ellos también dependía el transporte urbano, la limpieza, la enseñanza o los hospitales. Estas políticas vergonzosas, bananeras, se desarrollaban durante toda la legislatura, en parte porque el Consell entonces no tenía prácticamente ninguna otra función que no fuera la de repartir subvenciones. Hoy las cosas han mejorado, pero no crean que demasiado.

Esta semana, apenas a una semana de las elecciones, la misma izquierda que estando en la oposición criticaba con fiereza estas compras de votos, ha repetido las mismas prácticas, esta vez en el ayuntamiento de Palma, y con el agravante de hacerlo a las puertas de unas elecciones: subvenciones para todas las asociaciones de vecinos, no sea cosa que este domingo no se acuerden de votar como toca.

El escándalo, publicado en la letra pequeña de la prensa escrita, revela la situación catastrófica de la gestión municipal

El acuerdo, aprobado por los partidos que gobiernan el ayuntamiento de Palma, significa el reparto de casi dos millones de euros entre treinta y siete asociaciones de vecinos de Palma. Según el alcalde Noguera, se trata de “dar estabilidad al movimiento vecinal para proyectar sus actividades con tranquilidad”. Ya ven que la estabilidad que tuvo que aguardar tres años y once meses, no podía esperar ni una semana más. Esta izquierda introduce ahora un elemento de manipulación conceptual adicional: encubre toda esta desvergüenza como promoción de la participación, como mecanismo de incremento de la pluralidad, a lo que siempre ha dicho ser muy sensible.

Para entender las prioridades, extremo siempre clarificador, hay que recordar que al mismo tiempo que el ayuntamiento de Palma repite las prácticas de Verger y Munar, hasta sesenta de los contratos que el consistorio tiene con empresas privadas para la prestación de servicios fundamentales, desde el mantenimiento de equipos a la iluminación, de los semáforos a las grúas, están prorrogados por segunda vez --en algún caso por tercera vez-- dada la incapacidad operativa de la institución. El escándalo, publicado en la letra pequeña de la prensa escrita, revela la situación catastrófica de la gestión municipal. Sin embargo, en medio de ese caos, las subvenciones a las asociaciones de vecinos sí llegan a tiempo porque, obviamente, la izquierda se juega mucho.

Esta es nuestra política participativa: yo te pago para que tú, que cobras de mí, me vigiles. Vergüenza de vecinos, vergüenza de ayuntamiento y también, vergüenza de oposición que no dicen nada

Esta es la realidad que debemos tener presente al escrutar Palma: el movimiento vecinal, lejos de financiarse con la participación de los interesados, como correspondería a una democracia seria --incluso a una de las otras--, es una sanguijuela que chupa del erario municipal. En lugar de poder exigir, mendigan. Son organizaciones que supuestamente nacen para cuestionar y demandar al ayuntamiento, que deberían ser reivindicativas, que tendrían que elevar las inquietudes e incomodidades de los ciudadanos pero, lejos de ello, viven de la institución a la que controlan. Ya me dirán qué independencia tienen, qué autoridad pueden ejercer. Esta es nuestra política participativa: yo te pago para que tú, que cobras de mí, me vigiles. Vergüenza de vecinos, vergüenza de ayuntamiento y también, vergüenza de oposición que no dicen nada para no enfadar a nadie y no perder un voto. Al final, se ha conseguido la desvergüenza de tener todo el movimiento vecinal subvencionado, cuando supuestamente esos vecinos son los que deberían de ejercer el papel de críticos de la gestión municipal. Ya se parecen a las empresas periodísticas que se financian de la publicidad institucional y que presumen de ser el perro guardián de las instituciones de las que se alimentan.

La verdad, me parece más trasparente y elemental hablar de “sa repartidora” que no mantener la ficción de que nuestras instituciones promueven la participación.