Por su parte, el abogado Tomás Villatoro ha señalado, también en rueda de prensa, que la propuesta de prohibir a propietarios de viviendas plurifamiliares dedicar su casa al alquiler turístico "no tiene ninguna justificación" y es "una medida absolutamente radical", aunque el Consell de Mallorca "intente disfrazarla".
Ambos han hecho estas declaraciones después de presentar en marzo un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) contra la zonificación del alquiler vacacional elaborada por el Consell de Mallorca, al considerarla una medida "desproporcionada" e injustificada.
Asimismo, Gibert ha defendido que las medidas contenidas en la propuesta suponen "un claro obstáculo a la competencia efectiva en el mercado que propugna la Constitución", al considerar que estas restricciones "no se encuentran debidamente justificadas desde el punto de vista de su necesidad y proporcionalidad".
En primer lugar, ha insistido en que "no existen razones imperiosas de interés general que justifiquen el establecimiento de barreras de entrada en el mercado de la actividad económica de explotación de viviendas para uso turístico".
En segundo lugar, ha señalado que de los documentos obrantes en el expediente administrativo "no se desprende que se haya efectuado un análisis comparativo de los distintos medios disponibles para alcanzar el objetivo que se persigue".
"Estas medidas restrictivas enmascaran, en realidad, criterios de planificación económica que persiguen una regulación de la oferta de alojamiento turístico en Palma", ha añadido.
Finalmente, tanto Gibert como Villatoro han apuntado que, respecto a los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente, territorio, recursos energéticos, hídricos, infraestructuras y carreteras, "el análisis ambiental no sirve para nada", puesto que "no se puede hacer un análisis concreto y exhaustivo de los efectos ambientales de la actividad turística y este proyecto de delimitación provisional".
