Según el escrito de la acusación, los hechos se remontan a septiembre del 2015 cuando los tres acusados fundaron una asociación para el estudio del cannabis en la que ostentaban los cargos de presidencia, secretaría y tesorería.
La Fiscalía sostiene que el fin de dicha entidad era "única y exclusivamente la distribución y venta a terceras personas de sustancias prohibidas que tenían en su poder" ya que según el escrito de acusación los tres acusados poseían una gran plantación de marihuana en las proximidades de Inca por un peso de 81,37 kilogramos valorado en 84.872,72 euros.
Por todo ello, la Fiscalía pide a los acusados una pena de 7 años de prisión y una multa de 300.000 euros por los delitos de asociación ilícita y contra la salud pública, además de la disolución de la entidad.
