Una veintena de adjudicatarios de la promoción Aquam de viviendas de protección oficial en Puig d’en Valls denunciará ante los tribunales a la empresa Salas Serveis y la cooperativa S’Illa Blanca, promotora y comercializadora de Aquam, por un presunto fraude al haberles vendido estos pisos sin que tuviera todos los requisitos legales para ello.
Los afectados, representados legalmente por el despacho Alcaide Abogados, aseguran que los promotores, a través de un contrato de promesa de adjudicación suscrito en agosto de 2018 y tras haber pagado 24.200 euros, les aseguraron que tenían asegurada la adjudicación de la vivienda. Sin embargo, esta operación se realizó sin que la promotora tuviera la cualificación provisional de viviendas protegidas que otorga el Govern balear, uno de los requisitos para llevar a cabo la comercialización de VPOs y que, a día de hoy, todavía no disponen de ella.
Los adjudicatarios conocieron a través de la prensa en noviembre de 2018 que la comercialización de estas VPOs estaba paralizada. Al saltar la alarma y ponerse en contacto con la promotora y la cooperativa, estos les aseguraron que no iban a perder el derecho a tener una vivienda que habían adquirido al firmar los contratos. Sin embargo, los promotores, en un escrito enviado en febrero de 2019 a los adjudicatarios de las VPO, alega una «contradicción» entre la Ley balear de Vivienda 5/2018 de 19 de junio y la Ley de Cooperativas 1/2003 como origen de la polémica en la adjudicación de estas viviendas, ya que la ley aprobada el año pasado obliga a adjudicar las viviendas a los inscritos en el Ibavi por orden de inscripción, mientras que la ley 1/2003 determina que el objeto de las cooperativas es promover viviendas para sus socios. Una excusa que los adjudicatarios califican de «pueril» y que consideran que al tratarse de VPOs, los promotores «venían inexcusablemente obligados a respetar la citada Ley de la Vivienda». Por su parte, los promotores explican que el 8 de agosto recibió de la Conselleria de Territori el listado de demandantes de vivienda del Ibavi, cuyo orden ha de seguir para la adjudicación de las VPO. Después de recibir esta lista, S’Illa Blanca asegura que formalizó «22 promesas de adjudicación de viviendas a solicitantes acreditados, entre los meses de agosto y septiembre. No obstante, durante esas semanas se detectaron ciertas incoherencias que generaron dudas razonables sobre la exactitud de la lista de demandantes recibida de la Conselleria», por lo que en septiembre solicitó al Govern una revisión de la lista, «hecho que alteró el proceso de adjudicación de más viviendas».
Una información que facilitaron a los afectados en un reunión pero que, sin embargo, los adjudicatarios aseguran que les mintieron ya que el Govern facilitó a la misma lista con los mismos inscritos, por lo que los promotores llevaron a cabo «un llamamiento inadecuado y en forma alguna ajustada a la prelación establecida en las mismas», según los afectados.
Quieren la casa
Una de las cláusulas del contrato firmado entre S’Illa Blanca y la veintena de adjudicatarios de las VPO establecía su resolución si el pasado 28 de febrero la cooperativa no había adquirido la titularidad del solar donde se ubicará la promoción de 49 viviendas de protección oficial y si no tenía aún la licencia de obras municipal, dos condiciones que aún no cumple S’Illa Blanca. Sin embargo, daba la oportunidad a los adjudicatarios de seguir optando a las VPO si así se lo hacían constar o, en caso contrario, se le devolvería la cantidad de dinero desembolsada. Estos adjudicatarios, a través de sus representantes legales, han comunicado a la promotora «la firme voluntad de todos ellos de continuar con la adjudicación de las viviendas, advirtiéndoles de que se abstengan de realizar cualquier acto de disposición con las viviendas asignadas individualmente a cada uno de ellos». Los afectados pretenden llegar «hasta las últimas consecuencias».
