"El documento aprobado establece las condiciones de funcionamiento de los VTC y establece que sus servicios estarán siempre condicionados a una contratación previa, que se fija en un mínimo de 30 minutos", ha explicado en rueda de prensa.
Además, se incluye la posibilidad de que los ayuntamientos y los Consells insulares puedan reducir este tiempo de contratación previa a 15 minutos. En la regulación se establece también que los conductores de VTC no podrán circular por las vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hayan contratado previamente el servicio.
Los VTC deberán llevar la documentación acreditativa de la contratación y, si esta ha sido telemática, también habrá que acreditar la contratación a través de la aplicación o documento digital correspondiente. Queda también prohibida la captación de clientes fuera de las oficinas o de los locales de la empresa.
En la regulación en aplicación del real decreto estatal aprobado el mes de septiembre del año pasado se establece que los VTC autorizados actualmente pueden seguir operando hasta el año 2023 como servicio urbano e interurbano, en las condiciones que ahora se fijan.
A partir de esta fecha, los ayuntamientos podrán establecer una normativa propia para la actividad de los vehículos de alquiler con conductor y, de no hacerlo, regirá lo que queda establecido en la norma recién aprobada.
El decreto ley determina también que las empresas que quieran hacer mediación y comercialización de los servicios de transporte con vehículos de hasta nueve plazas (se incluyen taxis y VTC) deberán tener autorización como empresas de transportes.
