Según el relato del Ministerio Fiscal, antes de octubre de 2017, la mujer organizó la captación, el traslado desde Nigeria y la posterior explotación sexual de la víctima, una mujer de 25 años, acuciada por una precaria situación económica en su país de origen.
Para el traslado desde Nigeria hasta España, la víctima acabó viajando en una patera hasta Italia, donde fue ingresada en un campamento de refugiados en la zona del valle del Po. Desde ahí fue recogida por la acusada y trasladada a Palma desde Colonia en avión con documentación falsificada.
Una vez en Mallorca, la víctima se alojó en la casa de la acusada que le informó que había contraído una deuda de 25.000 euros que debía saldar ejerciendo la prostitución en dos clubes de Inca. Estuvo ejerciendo la prostitución desde octubre de 2016 hasta enero de 2017, cuando un cliente del club denunció el caso a la Policía Nacional.
La procesada la acompañaba en todos sus desplazamientos e incluso intermediaba con los posibles clientes a quienes solicitaba 35 euros por mantener relaciones sexuales con la víctima durante media hora. Además, la llegó a agredir en tres ocasiones.
En concreto, la Fiscalía pide a la acusada ocho años de cárcel, la prohibición de acercarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros durante 15 años. Le pide también una indemnización de 1.800 euros por el dinero obtenido por el ejercicio de la prostitución y 15.000 euros en concepto de daño moral.
