En su auto de paso de diligencias previas a procedimiento abreviado, el magistrado concluye la instrucción y propone juzgar también al 'número dos' de Correa, Pablo Crespo (ambos en prisión por otras piezas ya juzgadas); el contable de la trama, José Luis Izquierdo; así como al exalcalde de Arganda Ginés López o el que fuera teniente de alcalde y diputado en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco.
Dentro del Grupo Correa, además de a los líderes de la trama, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 procesa a la que fuera administradora de las empresas del mismo, Isabel Jordán; Ramón Blanco Balín, considerado 'cerebro financiero' de la trama; y Collado Serra, que además de exgerente de la Fundación Baleares Sostenible fue empleado de una de las empresas de Correa, Easy Concept.
Además de Ginés López y Martín Vasco, los cargos públicos procesados incluyen a la exdiputada madrileña María Josefa Aguado, el hermano de Benjamín Martín Vasco, Joaquín, quien fue funcionario del Ayuntamiento de Arganda del Rey, así como empleados en empresas públicas de esta localidad como el ex consejero delegado de la Sociedad de Fomento y Desarrollo Juan Fernández Caballero, el que fuera jefe de la empresa municipal del suelo César Tomás Martín Morales, el que fuera arquitecto de la empresa municipal Sociedad de Fomento Álvaro García del Río, y los exempleados de la misma Isaac García Requena y José Ramón Gutiérrez Villar.
También están procesados los empresarios Luis Bremond, José Luis Martínez Parra, Manuel Salinas, Amando Mayo, Fernando Martín (Martinsa); el exresponsable de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo.
Esta pieza del 'caso Gürtel' investiga un complejo entramado societario encaminado a la obtención de adjudicaciones de contratos públicos de forma irregular a cambio o con ocasión de la entrega a funcionarios y autoridades con competencia en el ámbito de la contratación pública, de valiosos regalos o importantes cantidades de dinero.
Los hechos investigados serían constitutivos de delito continuado de prevaricación, continuado de fraude a las administraciones públicas, continuado de cohecho pasivo, continuado de falsedad en documento mercantil, continuado de cohecho activo, contra la Hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.
De este modo, el magistrado de la Audiencia Nacional da a la Fiscalía y a las acusaciones un plazo de 20 días para que presenten su escrito de acusación provisional y soliciten la apertura de juicio oral, es decir, sentar en el banquillo a estas personas investigadas por "dirigir toda la contratación pública de Arganda del Rey", según destaca el auto, o por el contrario pidan el sobreseimiento. Excepcionalmente, también se da la oportunidad para que soliciten la práctica de diligencias complementarias.
Según explica el juez De la Mata en su resolución, las empresas de Correa contaron con la colaboración de sus trabajadores y de cargos públicos para beneficiarse de la adjudicación irregular de contratos a cambio de distintas comisiones y pagos ilícitos como fue el caso de Ginés López, quien recibió 545.328,98 euros; Martin Vasco, que obtuvo 363.295,63 euros o Fernández Caballero, que recibió 13.700 euros.
Asimismo, el líder de la Gürtel --que ya acumula 70 años de prisión y se enfrenta a otra condena de 10 años por los presuntos amaños de contratos de Aena, que se está juzgando-- favoreció también a algunos de sus empleados, administradores de empresas vinculadas a la trama y a funcionarios públicos que colaboraron con él durante los distintos procesos de contratación del conocido como 'pelotazo' inmobiliario en Arganda del Rey como Martín Morales, García Requena, Bremond, Gutiérrez Villar, Aguado o García del Río.
En este sentido, el auto del magistrado indica que Correa, Crespo y el asesor fiscal Blanco Balín habrían convenido con, al menos, Ginés López y Benjamín Martín Vasco el cobro de una comisión de unos 25 millones de euros por la adjudicación de las parcelas pertenecientes al Ayuntamiento de Arganda del Rey. Esta cantidad habría sido pagada por las personas vinculadas a Martinsa (Fernando Marín, Manuel Salinas y Amando Mayo), ya que ésta había sido la adjudicataria final, "conociendo que iba a ser distribuida" entre los investigados antes mencionados por haber intermediado a favor de ella.
Según el juez, esta comisión habría sido abonada en sendos pagos de 12 millones y 12,87 millones de euros en diciembre de 2004 y junio de 2006, respectivamente, en las cuentas que Correa mantenía en Mónaco y en Suiza. Hubo un tercer pago de 130.000 euros que transfirió directamente a la cuenta que el asesor fiscal tenía en Suiza a nombre de la sociedad panameña Darwin International Consultants.
