Según han informado fuentes del Govern a Europa Press, este consenso político estuvo vigente hasta la llegada del PP de José Ramón Bauzá, que eliminó el artículo 9 de este decreto, el cual había existido desde los años 80.
De este modo, han explicado que el Ejecutivo balear ha recuperado este artículo y han aclarado que "solo afecta a las comunicaciones del Govern con las instituciones judiciales radicadas en Baleares" y no "al resto de la sociedad", que podrán "utilizar la lengua que quieran para tratar con la justicia, tanto el castellano como el catalán".
El Ejecutivo autonómico se ha pronunciado así después de que Actúa-Vox haya asegurado que este decreto "obliga a todos los trabajadores públicos a redactar y hablar exclusivamente en catalán, a rotular en los edificios públicos interna y externamente solo en catalán, y a que la megafonía, la publicidad institucional, actos, todos los recursos materiales, el software informático, hasta las máquinas de café y expendedoras utilicen únicamente el catalán".
