La versión extensa de la nota dice así: "El pasado 22 de diciembre se publicó en el BOIB el decreto 49/2018, sobre el uso de las lenguas oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, aprobado por el gobierno balear presidido por la socialista Francina Armengol.
Este decreto obliga a todos los trabajadores públicos a redactar y hablar exclusivamente en catalán, a rotular en los edificios públicos interna y externamente sólo en catalán, al igual que la megafonía, la publicidad institucional, actos, todos los recursos materiales, el software informático, hasta las máquinas de café y expendedoras utilizarán únicamente el catalán. Las pruebas deportivas que reciban alguna ayuda pública tendrán que ser en catalán, al igual que las intervenciones públicas de las autoridades, cargos o trabajadores públicos.
Las empresas privadas que contraten con la administración pública estarán obligadas a utilizar el catalán e incluso a disponer de empleados que lo hablen. La discriminación lingüística también afecta a los ciudadanos que tengan que relacionarse con la administración pública de Baleares ya que ésta sólo les atenderá en catalán, y si el ciudadano quiere algún tipo de documentación o certificación en español tendrá que solicitarlo expresamente. Además prevé la contratación de "asesores lingüísticos" que a modo de comisarios políticos controlarán la "correcta utilización del catalán", lo que supondrá aumentar aún más el gasto público para la catalanización.
Desde la coalición ACTUA/VOX se recuerda que este decreto es parecido al que la Generalidad Valenciana aprobó en 2017 y que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaró nulo por discriminatorio al no tener en cuenta la realidad bilingüe del territorio. Si bien el decreto valenciano no llegó tan lejos como el aprobado por Armengol en el que se impone el catalán en la Administración de Justicia, donde se obliga a los letrados de la Comunidad Autónoma a utilizar el catalán en las actuaciones judiciales.
Para, Jorge Campos, presidente de ACTUA/VOX en Baleares: "Este decreto, aprobado en fiestas navideñas para pasar desapercibido, demuestra hasta que punto llega el fanatismo catalanista de Armengol. Pretende imponer el catalán hasta en la administración de justicia donde la Autonomía no tiene competencias transferidas. Obliga a los abogados a presentar todas las actuaciones en catalán habiendo multitud de jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia que vienen de otras partes de España"
Jorge Campos afirma que "este decreto se basa en la ley de normalización lingüística de 1986 aprobada por el PP: Evidentemente si se impugna este decreto será anulado por los tribunales de justicia, pero no será necesario porque si obtenemos responsabilidad de gobierno el próximo mes de mayo nos comprometemos a derogar toda la normativa lingüística catalanista que ha llevado a esta discriminación hacia los hispanohablantes".
