Según informa El Mundo, en la sentencia, adoptada el jueves y a la que ha tenido acceso EL MUNDO, se condena también a Fermín Oslé Uranga, consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en 2013, a abonar 3.040.000 euros. Se le considera, según el fallo, "responsable contable directo" por la totalidad de los perjuicios.
El Tribunal de Cuentas considera que el menoscabo total a los fondos públicos provocado por esta operación asciende a 25,7 millones de euros, de los que a los ediles de Botella y la ex alcaldesa se les condena a un máximo de 22 millones. La sentencia puede ser recurrida ante apelación ante la Consejera de Cuentas en el plazo de 15 días.
Esta sentencia considera probado que la operación en la que se vendieron 18 promociones de vivienda pública protegida por 128 millones de euros a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la concurrencia, y se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles de 159 millones y también por debajo del precio del mercado.
Además de Ana Botella, han resultado condenados su entonces equipo de Gobierno, coincidente con la Junta de Accionistas de la EMVS: Concepción Dancausa, ex delegada del Gobierno en Madrid; Paz González; Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito -altos cargos del Gobierno regional-; Dolores Navarro; y Pedro del Corral -actual concejal del Ayuntamiento de Madrid-. Todos ellos, considera la sentencia, estaban en puestos de directa responsabilidad sobre la venta "en el momento en que se produjeron las enajenaciones".
Todos ellos han anunciado ya en un comunicado que recurrirán la decisión, que no es firme, y han recordado que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicitó desestimar la demanda al no apreciar responsabilidad contable.
El Tribunal de Cuentas adopta esta decisión a raíz de la demanda presentada por el Gobierno de Manuela Carmena en noviembre de 2017 contra la venta de estas promociones al fondo de inversión Fidere, filial española del estadounidense Blackstone, con un perjuicio a las arcas municipales, que el equipo de Carmena cifró en 127 millones de euros, la cantidad que las arcas del Palacio de Cibeles dejó de percibir.
La demanda consideraba que la operación estuvo por debajo del precio de mercado, pues el equipo de Ana Botella enajenó 18 promociones completas de viviendas protegidas (1.860), de sus elementos vinculados y de otros inmuebles no vinculados al fondo buitre Blackstone -mediante su filial Fidere- por 128,5 millones de euros; aunque, según informes periciales, su precio de mercado era de 249, 2 millones. Una diferencia que, para Ahora Madrid, produjo un daño a las arcas municipales, pues «al ser los fondos de la EMVS fondos públicos, el daño causado sobre ellos afecta también a las cuentas públicas del Ayuntamiento, dada la vinculación que existe entre el patrimonio de ambos».
También, según los informes, «se prescindió de trámites como la tasación de los inmuebles» y la venta se hizo «sin pliegos de condiciones». La demanda exigía, además, la restitución de 2,3 millones de euros por una intermediación inmobiliaria innecesaria.
