Según ha informado el cuerpo en un comunicado, los detenidos explotaban a sus trabajadores ante el temor de éstos a perder la única fuente de ingreso que tenían para sacar a sus familias adelante. Además de las detenciones se ha llevado a cabo el registro de tres locales y se ha propuesto el cierre de uno de ellos al detectarse deficiencias sanitarias.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de junio cuando uno de los trabajadores presentó una denuncia y los agentes comprobaron las condiciones abusivas a que eran sometidos los 20 empleados, que eran obligados a realizar jornadas laborales de hasta 12 y 14 horas diarias durante seis o siete días a la semana, cuando sus contratos de trabajo reflejaban 20 horas a la semana, por las que percibían de 1.000 a 1.200 euros mensuales, sin derecho a pagas extras.

Además, los empleados tampoco contaban con vacaciones o finiquito al terminar la relación laboral. El trabajo de hasta 14 horas diarias y la no percepción de ningún tipo de salario cuando se ponían enfermos eran condiciones aceptadas por los empleados, que trabajaban como camareros, cocineros, limpieza o mantenimiento, por el miedo a no percibir su salario.

Según la Policía, incluso algunos de los trabajadores fueron sometidos a diferentes vejaciones llegando los responsables de los locales a ensuciar los establecimientos a última hora de la noche para que sus empleados tuvieran que limpiar de nuevo.

Por otro lado, las investigaciones también pusieron de manifiesto deficiencias sanitarias, al estar aprovechando alimentos ya caducados, o alimentos que no se respetaba la cadena de frío en el descongelado, reciclándose la comida de unos clientes a otros.

En el transcurso de la investigación se pudo comprobar que la cuota defraudada a la Seguridad Social, por la falta de cotización de los trabajadores y las horas extra superaría los 100.000 euros.

Se han llevado a cabo tres inspecciones en los establecimientos, junto con inspectores de la Conselleria de Salud, realizando en uno de los establecimientos un acta con propuesta de cierre por deficiencias sanitarias e interviniéndose algo más de 12.000 euros.

La investigación ha sido realizada por la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Baleares, en colaboración con Inspección de Trabajo.