El magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Balears, Jaime Tártalo, ha destacado, entre otras reivindicaciones, la necesidad de "mejorar la administración de justicia" y ha cargado contra la injerencia política, como la del pacto entre PP y PSOE para la elección de Manuel Marchena como nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o las excesivas cargas de trabajo.
En rueda de prensa, el también portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria en Baleares ha enfatizado que "no es lógica" la carga de responsabilidad que asumen en relación al salario que perciben, en el que no se computan las horas extras. Además, ha puesto como ejemplo que un recién ingresado en según qué territorios puede "cobrar menos que un policía autonómico".
Por su parte, el portavoz de la Asociación de Profesionales de la Magistratura (APM), Víctor Fernández, ha censurado que las reivindicaciones y medidas planteadas por última vez en mayo, aunque muchas de ellas son históricas, "no han fructiferado".
En general, esta segunda jornada de huelga general se ha convocado para volver a reclamar al Ministerio de Justicia unas mejoras salariales y profesionales, mayor independencia judicial y más autonomía del Ministerio Público. La convocatoria tiene lugar después de que las asociaciones se reuniesen con la ministra Dolores Delgado y ésta no le ofreciese "nada concreto".
El portavoz de la Asociación de Fiscales, José Díaz Cappa, ha censurado también que se hayan "agudizado" las injerencias de la política en el poder judicial.
Por su lado, la representante de Juezas y jueces para la Democracia, Catalina Martorell, ha hecho hincapié en los problemas de personal e informáticos que afectan a la calidad del sistema. "Se necesita una reforma en profundidad", ha agregado.
A esto, el presidente de la Audiencia Provincial, Diego Gómez Reino, ha planteado que hay que tratar "los ratios de asuntos por juez" y ha remarcado que se debe hacer un estudio de "qué modelo de justicia se quiere".
La jueza decana de Palma, Sonia Vidal, ha hablado también de aumentar las plazas de jueces y fiscales de Baleares y ha dicho que para poder tener un nuevo juzgado de violencia sobre la mujer en Palma "hace falta una dotación de edificios" pero, actualmente, la planta está agotada y se requiere "una inversión grande".
El número de jueces y magistrados que han comunicado a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) su decisión de secundar la jornada de paro convocada hoy por las asociaciones judiciales ha sido de 61 de los 138 en activo, un 44,20%.
En Mallorca, en el partido judicial de Palma, en los órganos unipersonales y colegiados el paro ha sido seguido por 45 jueces y magistrados de 62 en activo, en el partido judicial de Inca por 3 de 8; y en el partido judicial de Manacor por 2 de 8.
En la isla de Eivissa han secundado el paro 7 de un total de 12 jueces y magistrados; y en Menorca, en el partido judicial de Maó 2 de 4 y en Ciutadella 2 de 3.
En total se han suspendido 155 actuaciones judiciales (juicios o declaraciones) en todo el archipiélago balear, según los datos facilitados por los juzgados y tribunales al presidente del TSJIB. En concreto, 115 en Mallorca, 27 en Eivissa y 13 en Menorca.
