"No estamos pidiendo nada extraño, solo que paren el derribo y les den una casa porque en 1969 se fueron al poblado para integrarlos y ahora les dicen que se vayan con los menores a un albergue porque no encuentran casa para ellos", ha explicado su abogado, Gonzalo Márquez, en declaraciones a los medios de comunicación.
En concreto, el abogado ha detallado que en 1969 se firmó un documento en el que se especificaba que el contrato de concesión "cesaría cuando Cort ofreciese al ocupante una vivienda de tipo social", por lo que ha insistido en que "los habitantes del poblado se fueron allí con estas condiciones, para que los integrasen, y ahora se encuentran absolutamente abandonados".
Asimismo, ha asegurado que pedirán una reunión con el alcalde de Palma, Antoni Noguera, para que entienda "la gravedad" de que mañana se vaya a dejar "en la calle" a una familia con ocho menores a su cargo. "Hay que tener cinco hijos para entender la gravedad de decir que te llevan al albergue", ha añadido.
En esta línea, ha tildado la actuación del Ajuntament de "disparate" y les ha acusado de llevar a cabo "una improvisación absoluta sin tener en cuenta que se trata de cosas tan graves como la salud de la gente y la situación de los menores".
Además, ha denunciado que hay familias a las que "no les dan ninguna ayuda porque tienen un nicho a su nombre y esto cuenta como inmueble" y ha acusado al Ajuntament de querer vender el poblado a "cualquier" empresa como "un polígono de servicios", algo que ha considerado "más propio de un partido de ultraderecha".
También ha insistido en que "los gitanos que han conseguido propiedades o dinero desde la firma del contrato en 1969 no están reclamando nada" y ha asegurado que "a quienes les iban a dar una vivienda les están diciendo que, como no encuentran ninguna casa que se ajuste a sus posibilidades, se vayan a un albergue".
"Queremos que se ocupen de verdad de la gente, es un gobierno de izquierdas que tiene una especial vocación por la gente, así que que lo demuestren y que desmantelen Son Banya pero sin dejar a las familias en la calle", ha remarcado.
Por otro lado, ha lamentado que se "penalice" a las personas que tienen juicios pendientes ya que, a su juicio, "no se puede penalizar a una persona y a toda su familia porque haya un miembro que está pendiente de juicio y que a lo mejor será absuelto".
Finalmente, Márquez ha instado a Noguera a "parar los derribos, revisar caso por caso y buscar una salida con una vivienda digna para todos".
Además, recordar que el poblado de Son Banya ya denunció al Ajuntament de Palma por dejar placas de amianto, cancerígeno, sin protección y al alcance de cualquiera que haya por el poblado.
Por su parte, el Ajuntament de Palma ha pedido "responsabilidad" a las familias de Son Banya y que eviten emplear menores en horario escolar para sus protestas. Mientras, la regiduría de Bienestar y Derechos Sociales pide a las familias que aporten documentación que acredite su situación para poder acogerse al plan de reinserción.
Además, el proceso de desmantelamiento del poblado previsto para mañana queda aplazado por carencia de efectivos de la Policía Nacional.
