De este modo, las sentencias dictadas en Balears suponen el 10 por ciento del total de órganos regionales, un 8,6 por ciento si se tienen en cuenta también los órganos centrales -el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional-.
Por otro lado, los órganos judiciales de Baleares no dictaron en este periodo ningún auto de apertura de juicio oral o de procesamiento por corrupción.
Según los datos facilitados por el órgano de gobierno de los jueces, los jueces españoles dictaron en entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año 23 sentencias en causas por delitos de corrupción, de las que 14 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 60,9 por ciento del total.
Los jueces españoles también concluyeron en este periodo la instrucción de un total de 11 procedimientos por corrupción, en los que se procesaron a 40 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.
Si estos datos se comparan con los tres primeros meses de 2018, las cifras son inferiores, pues entre abril y junio se han dictado un 14,1 por ciento menos de sentencias condenatorias y 45 personas menos han sido procesadas. Entre los pasados 1 de enero y el 31 de marzo ,los juzgados y tribunales dictaron 20 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 15 fueron total o parcialmente condenatorias, es decir el 75 por ciento del total; mientras que se dictaron auto de juicio oral o de procesamiento contra 85 personas en 17 procedimientos.
Por otro lado, hay que destacar que el repositorio de este segundo trimestre es el primero en el que se incluye el número de personas jurídicas contra las que se dictó auto de apertura de juicio oral en ese periodo. En total fueron seis, cinco en Andalucía y una en la Comunidad Valenciana.
La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, "entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía", subraya el CGPJ. Los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público.
En este sentido, se tienen en cuentan los fenómenos recogidos en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales. El repositorio de datos del CGPJ es de acceso público.
Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa. En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario --como penados o en situación de prisión preventiva-- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados.
A 1 de octubre de este año había en el conjunto de España 92 penados --en 51 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 22 con el de cohecho-- y nueve preventivos.
