Así lo pone de manifiesto en un recurso de 54 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que recrimina que con ello se ha vulnerado además su derecho a la tutela judicial efectiva, lo que, en su opinión, "debe provocar la devolución de la causa a la Audiencia Provincial de Palma para la celebración de un nuevo juicio", salvo que se le apliquen las atenuantes que solicita en el marco de esta causa.
En concreto, la Audiencia condenó a Munar a la anterior pena de prisión y al pago de seis millones de euros al considerar acreditado que cobró dos millones del soborno que la empresa Sacresa pagó a varios exaltos cargos de UM a cambio de la adjudicación de Can Domenge. La dádiva ascendía a un total de cuatro millones. El fallo atendía al veredicto de culpabilidad que emitió el jurado que la juzgó a finales del pasado mes de septiembre.
"Es tan evidente la diferencia de trato entre unos y otros en el planteamiento del veredicto que no merece la pena realizar ulteriores comentarios", asevera la defensa de Munar, ejercida por el penalista y magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, "más allá" de recriminar que no se haya tenido en cuenta la devolución de 150.000 euros por parte de su patrocinada y que esta cantidad no sea considerada significativa respecto del soborno percibido.
Unas circunstancias que, lamenta, se han traducido "en un veredicto viciado y condicionado", redactado "de manera absolutamente desigual ante situaciones idénticas", en relación al exconseller insular Bartomeu Vicens, a quien sí le fue aplicada la atenuante de reparación del daño tras abonar 160.000 euros. "Ante un presupuesto fáctico idéntico se ha dictado un fallo distinto", insiste.
En concreto, Vicens fue condenado a un año y medio de cárcel y a una multa de dos millones; el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, a un año y 10 meses y al pago de tres millones; el intermediario en el pago del soborno, Miquel Llinás, a ocho meses de prisión y el propietario de Sacresa, Ramón Sanahuja, a nueve meses.
Tal y como confesaron todos los acusados, Munar, Nadal y Vicens se pusieron de acuerdo entre sí y, "aprovechando su situación de poder" al frente de la Institución supramunicipal, exigieron a Sacresa la entrega de cuatro millones de euros para que esta promotora pudiera tener garantizada la adjudicación del concurso.
