Según ha manifestado en un comunicado este jueves la entidad ecologista, durante el verano el servicio de vigilancia de posidonia movió a 5.249 embarcaciones fondeadas sobre praderías pero se han levantado únicamente 42 actas de infracción.
Desde el GOB han explicado que la normativa autonómica debía facilitar la intervención de las autoridades para actuar sobre los fondeos en las praderas y poder iniciar procedimientos de infracción, sin estar limitados por la demostración y cuantificación del daño causado.
Para ello, han recordado que es imprescindible la intervención de un agente de Medio Ambiente y, en este sentido, ha criticado la "escandalosa insuficiencia" de agente en Baleares que permitan atender las necesidades de vigilancia del patrimonio natural.
"Solo se han iniciado ocho procedimiento de infracción más que en 2017, cuando no se disponía del decreto. El progreso en este sentido ha sido inapreciable", han reprochado.
A todo, el GOB ha manifestado que "informar no es suficiente" y ha añadido que "hay que dejar claro, con el refuerzo de las sanciones, que el fondeo sobre posidonia no está permitido".
Finalmente, la entidad ecologista insta al Govern a dotar la administración ambiental de los medios suficientes para la protección adecuada de la posidonia.
