La Fiscalía mantiene también su petición de pena de dos años de prisión para el responsable de mantenimiento. Lo único que ha variado ha sido la petición de responsabilidad patrimonial pues el Govern ya indemnizó a los familiares del menor fallecido con 224.600 euros, según informó en noviembre de 2017 su portavoz, Pilar Costa.
El joven, que tenía diagnosticado un trastorno depresivo, incendió al colchón de espuma de su habitación y el fuego se extendió rápidamente. Utilizó una caja de cerillas que no le había sido intervenida.
En la sesión de este viernes, han declarado tres peritos de la Guardia Civil que realizaron el informe pericial, tras practicar la inspección técnico ocular del lugar de los hechos.
Así, han remarcado que la alarma no saltó ya que el sistema el antiincendios estaba "inoperativo" desde mayo de 2014, tal como les explicó el jefe de mantenimiento. "No funcionaba en todo el módulo", han recalcado. Además de esto, comprobaron que el pulsador de emergencias carecía de "cables" por lo que no se podía utilizar.
Sobre si el colchón era o no ignífugo, con las periciales realizadas, han explicado que no pueden determinarlo. Eso sí, a simple vista han asegurado que lo que vieron "era un trozo de espuma", no un colchón al uso con revestimientos.
Durante toda la semana en la que se ha desarrollado el juicio, han intervenido diferentes testigos. Entre ellos, la coordinadora del centro declaró que a principios del verano de 2015, antes del suceso, "se hizo una visita por todo el centro con autoridades" y que, en ella, la directora ya pidió elementos "antivandálicos, sobre todo, plafones de seguridad, así como el cambio de ventanas y puertas corredoras".
Tanto ella, como otros testigos relataron que estas peticiones se habían hecho llegar a la Administración en distintas ocasiones y que en las reuniones semanales, de manera frecuente, se hablaba de la necesidad de disponer de "equipos antivandálicos" para prevenir que los internos dejaran inoperativos los sistemas de ventilación o de electricidad, entre otros asuntos relacionados con la seguridad del centro.
Respecto al estado de puertas y ventanas, el vigilante de seguridad que abrió la ventana de la habitación donde estaba atrapada la víctima, explicó que "pasaron segundos" entre que introdujo la llave en la cerradura hasta que pudo abrirla. A pesar de esto, señaló que costó "algo" abrirla porque, según cree podría haberse dilatado por "el efecto del calor y del fuego". En otro sentido, indicó que escuchó al menor que pedía que le sacasen de ahí porque se estaba quemando.
La puerta de acceso a la habitación no pudo abrirse por el efecto del calor y las llamas.
Otro de los vigilantes relató que su compañero "forcejeó unos segundos" y un auxiliar de educador, también presente, dijo que "no costó" abrirlo, lo que pasa es que en ese tipo de situaciones "el tiempo" importa mucho. Asimismo, este testigo hizo hincapié en que la víctima era "un trasto" y que tenía "muchos partes" por sucesos de destrozos en habitaciones, entro otros asuntos.
En general, todos los testigos han dicho o que bien no recuerdan haber escuchado la alarma o que directamente no la escucharon. Cabe destacar que el sistema de alarma y detección antiicendios no estaba activo porque no se habían subsanado deficiencias de las que había alertado reiteradamente la empresa de seguridad, según consideró el juez instructor del caso en el auto.
Por otro lado, un ex vigilante aseguró que antes del suceso "ya habían denunciado irregularidades" porque, según consideró, ese incendio "no fue un caso aislado" lo que pasa es que hasta entonces "no había tenido consecuencias". "Denunciamos el mal estado del centro, que no había ni medidas de protección ni seguridad adecuadas y no estábamos dispuestos a cargar con esa responsabilidad", manifestó para luego añadir que "en 2015 se produjeron otros dos incendios más".
