En rueda de prensa, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha destacado en Formentera que se trata de una "ley pionera", siendo la primera vez que se legisla en este sentido, también en Europa al no existir ninguna isla "tan grande" que lleve a cabo una regulación de este tipo.
Por su parte, el presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha agradecido el "esfuerzo" del Govern por aprobar un anteproyecto que iniciará ahora su tramitación en el Parlament. La intención es que la cámara balear apruebe el proyecto en "enero o febrero".
Armengol ha añadido que el Consell es quien regulará la entrada de vehículos al tener las competencias y controlará la capacidad de carga de sus carreteras, mientras que el Govern creará el "marco legislativo" para que la regulación sea una realidad.
La norma tendrá la fuerza de una ley autonómica, pero deja en manos del Consell la facultad de decidir las medidas concretas que se aplicarán.
El proyecto de ley aprobado incorpora el 39% de las alegaciones presentadas y modifica algunos aspectos de la propuesta inicial.
Así, las principales novedades incorporadas se refieren a la consideración de personas residentes, explicando que las personas que tengan una casa en Formentera o que, a pesar de vivir en Eivissa, trabajen en Formentera serán consideradas como residentes a la hora de restringir el acceso a los vehículos.
Por lo tanto, se incluyen en las excepciones y podrán entrar en la isla con su vehículo. También se equiparan a los residentes aquellos formenterenses que residen fuera y tienen que volver a la isla por motivos familiares.
En cuanto a los ibicencos, tendrán condiciones especiales, ya que el Consell de Formentera establecerá una cuota específica para los residentes de Eivissa.
Asimismo, entre otras novedades, las navieras tendrán la obligación de informar a los clientes sobre la necesidad de tener autorización para entrar en vehículo en Formentera. No obstante, no están obligadas a impedir la entrada del vehículo en el barco.
Esta modificación se ha incorporado con el fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar problemas competenciales.
También se incrementará el importe de las sanciones, que pueden llegar a 1.000 euros en caso de infracciones leves (en la anterior propuesta el máximo se fijaba en 600 euros) y a 10.000 euros en el caso de las infracciones graves (antes era un máximo de 6.000 euros).
Por otra parte, las sanciones tendrán un descuento del 20% en los casos en que el infractor reconozca su culpa, y un extra del 20% más si paga enseguida.
El proyecto de ley faculta al Consell a adoptar, en el período temporal que considere oportuno, medidas como limitar la entrada de vehículos y su circulación en función de criterios medioambientales durante los meses que decida.
También podrá establecer un techo de vehículos en circulación y un sistema de reserva previa para autorizar la entrada a la isla en los períodos de limitación.
Con respecto a la restricción de entrada y circulación de vehículos a motor en un período determinado, se incluyen excepciones, como los vehículos de los residentes, los vehículos para personas con movilidad reducida y de servicio público y los tractores o los vehículos de transporte de bienes y mercancías, entre otros.
Los vehículos que estén autorizados tendrán que llevar un distintivo obligatorio. Respecto a los vehículos de alquiler, también se establecerá un número máximo anual, dentro del techo total de vehículos, con la posibilidad de reservar un número determinado de vehículos eléctricos.
El Consell Insular incluso podrá limitar temporalmente la afluencia de vehículos a motor en espacios determinados con valores naturales, patrimoniales o paisajísticos, para evitar daños.
El proyecto de ley incluye otras medidas como la obligación de instalar 'electrolineras' en los aparcamientos públicos, la promoción de los vehículos de servicio y transporte público no contaminantes y la potenciación del uso de vehículos eléctricos y no contaminantes tanto en el sector público como en el privado.
