Según ha explicado la portavoz del Govern, Pilar Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el Ejecutivo autonómico actúa de oficio en cumplimiento de un artículo del decreto que regula la concesión de estos galardones, tras haber sido condenado Urdangarin en sentencia firme por el caso Nóos.
En concreto, el decreto que regula la concesión de la Medalla establece que ésta se otorga con carácter permanente excepto si la persona galardonada resulta condenada por sentencia firme por algún hecho delictivo.
El decreto también establece que, tras actuar de oficio el Govern para retirar la Mesalla, se abre un periodo de audiencia en el que la persona afectada -en este caso, Urdangarin- puede presentar alegaciones.
Costa ha destacado que la Medalla fue concedida a Urdangarin en abril de 1998 precisamente a propuesta "personal" del entonces presidente del Govern, Jaume Matas, condenado en la misma sentencia que el cuñado del Rey Felipe.
A preguntas de los periodistas, Costa ha explicado que se ha acordado la retirada de la distinción solamente a Urdangarin y no a la Infanta Cristina, que fue también galardonada el mismo año. Costa ha insistido en que el decreto establece que se retirará el galardón en caso de condena firma por "hechos delictivos" y los servicios jurídicos del Govern han interpretado que esto afectaba únicamente al ex duque.
Los medios han preguntado a la portavoz cómo valoraría el Govern que la Infanta renunciase voluntariamente a la Medalla de Oro y Costa se ha limitado a señalar que es una decisión que no corresponde al Ejecutivo y que tienen que respetar la concesión de la distinción hecha en 1998.
La Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma es la distinción más alta que concede el Govern de forma anual. Sirve para honrar los méritos alcanzados por personas físicas y jurídicas que se hayan distinguido por su trayectoria personal o profesional en defensa, promoción o fomento de las instituciones y de los intereses generales de Baleares.
Urdangarin ha sido condenado por el Tribunal Supremo -resolviendo el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial-, a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude a la Administración Pública y dos delitos fiscales en el conocido como 'caso Nóos'.
