Así se ha manifestado durante una comparecencia sobre la comisión de investigación de las autopistas de Ibiza, donde ha asegurado que esta opción del peaje a la sombra se escogió "por una cuestión básicamente presupuestaria". Según ha explicado, se tenían que buscar sistemas de financiación y, aunque había varios, "la consigna que yo tenía era cero endeudamiento para la comunidad".
Además, ha señalado que este peaje a la sombra pasó filtros y controles y "antes de fiscalizar lo enviaron a Madrid". También ha apuntado que esta fórmula se había usado en otras autonomías y, en Mallorca, en la carretera de Manacor.
Según su opinión, "ninguna entidad bancaria nos hubiera financiado como comunidad esta operación", ha declarado Sartorio, quien ha indicado que lleva trabajando para la administración desde el año 1983, y también ha defendido que ella no hizo ningún modificado para esta obra.
Sartorio ha declarado que el expediente de contratación de las autopistas fue "como todos" y ha indicado que conocía a las empresas que se presentaron "de otras licitaciones".
Por otro lado, ha sido preguntada, por Podemos y MÉS per Mallorca, por la "coincidencia" de la extracción de arena de las carreteras y su traslado a una empresa de Abel Matutes, y ha dicho que ella desconocía este tema hasta que le dijeron que hiciera un escrito al respecto. Preguntada por quién es el responsable político de esto, ha considerado que es el exdirector general de Carreteras el que debería responder a esta cuestión porque ella no estaba en la ejecución de las obras.
La exsecretaria general ha dicho que accedió al cargo por libre designación si bien ha defendido que su puesto era técnico y, así, ha asegurado que no tenía ninguna responsabilidad política sobre los expedientes de contratación de las autopistas. "Era un cargo técnico de designación política", ha declarado el diputado del PSIB Enric Casanova.
En relación al seguimiento administrativo del convenio, Sartorio ha asegurado que "el convenio de carreteras se cumplió" pero el Ministerio "renunció unilateralmente, la comunidad lo recurrió y ganó". En relación al convenio con el Consell de Ibiza por las carreteras, ha explicado que fue un requisito que puso la Intervención General.
Sobre el 1 por ciento cultural, Sartorio ha explicado que en aquel momento no había disponibilidad para hacerlo y, al ser preguntada por quién paga este 1%, ella ha señalado que el contratista. Además, ha asegurado que "en el tiempo en el que estuve no hubo ningún sobrecoste".
Asimismo, ha admitido que hubo un retraso en las obras pero lo ha achacado a los activistas que protestaron ocupando las fincas.
Durante esta comparecencia, el PI tampoco ha formulado preguntas para "no entrar en este espectáculo de una cosa que está estudiada". "Escucharemos y si tenemos algo que decir ya lo diremos, este Parlament tiene otras prioridades", ha declarado Maria Antònia Sureda.
