En esta línea, la 'popular' ha criticado la "incapacidad" de gestión del equipo de gobierno del Consistorio y ha asegurado que se ha optado por la solución "menos valiente".
Según un comunicado, Durán ha manifestado este martes en rueda de prensa que "existe un problema de ruidos, vecinal y medioambiental", por lo que "el PP está a favor de una regulación muy restrictiva y garantista, en la que se respete el descanso vecinal, el medio ambiente y que proteja la identidad de Palma como ciudad".
Además, la portavoz ha afirmado que su partido votará en contra de la prohibición porque "entendemos que no soluciona los problemas de la ciudad, sino que se trata de la opción más fácil" y ha anunciado que empezarán "una ronda de reuniones con todos los agentes implicados, tanto patronales como entidades vecinales", porque entienden que la regulación de un "fenómeno tan joven y de tanto calado no debe ser improvisada y debe realizarse en beneficio del interés general de la ciudad".
Así, Durán ha detallado que la regulación resultante debe ser "muy restrictiva para controlar los abusos" y debe basarse en criterios de "calidad, seguridad, medio ambiente, y descanso vecinal" y que, como actividad económica que es "debe estar sujeta a regulación y tributación".
"Desde el PP creemos que se trata de dar facilidades y garantías a los propietarios para que la opción del alquiler de larga estancia resulte ventajosa, pero en ningún caso la solución pasa por prohibir para no tener que gestionar", ha dicho Durán, añadiendo que "el problema de vivienda social en Palma, reconocido por el propio informe encargado por el Pacto de Cort, no se va a arreglar con ninguna ley turística, sino con políticas eficientes e inversiones que el actual equipo de gobierno, que enarbolaba la bandera de lo social, no está haciendo".
Además, la portavoz ha explicado que "el verdadero motivo del informe que se presentó el lunes, y que ha costado más de 16.000 euros, es vestir una decisión y justificar el cambio de opinión del PSOE, que en pleno se mostró partidario de no prohibir el alquiler vacacional en plurifamiliares, porque podía, en algunos casos, dar un margen de salida a la economía de rentas desfavorecidas".
Por su parte, la regidora Lourdes Bosch ha calificado el informe de "justificación burda de una decisión ya preconcebida".
Así, Bosch ha expresado que "los informes en los que se basa el estudio no los ha realizado el equipo redactor, sino la gerencia de Urbanismo y el Consell", por lo que no entiende que hayan tenido "que esperar un año con una moratoria en la que no se podía hacer nada ni en plurifamiliares ni en unifamiliares".
Finalmente, la regidora ha hecho hincapié en que el informe "no era necesario" porque según se recoge en propio documento "si pasado un año no se aprueba ninguna delimitación provisional, la ley establece que solo se acepta la comercialización de estancias turísticas en unifamilliares", por lo que, para Bosch, "no era necesario esperar un año ni gastar más de 16.000 euros públicos".
