Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares en un comunicado, desde la toma de posesión de Maria Salom como delegada del Gobierno, en noviembre de 2016, la Delegación se ha reunido en diversas ocasiones con los sectores más afectados por la venta ambulante, principalmente las patronales del comercio, además de vecinos, Ayuntamiento de Palma y Govern balear para dar respuesta a este problema.
En uno de estos encuentros, en junio de 2017, la delegada ofreció "total colaboración dentro de las competencias estatales" y recordó que "los municipios que tienen aprobadas ordenanzas municipales funcionan mejor contra la venta ambulante".
Desde el pasado verano, la Delegación está asesorando e insistiendo en cada junta de seguridad municipal en la necesidad de aprobar ordenanzas, que se están demostrando efectivas para controlar esta situación.
"Nosotros cumplimos con nuestras competencias, el resto de administraciones deberían hacer lo mismo en lugar de desviar la atención", asegura Salom, en referencia a las críticas vertidas esta semana por la presidenta del Govern, Francina Armengol.
Así, en el último año y medio, la Guardia Civil, quien tiene mayor ámbito de actuación en este aspecto, ha llevado a cabo varias operaciones importantes contra la venta ambulante.
En 2017, las más destacadas fueron las Operaciones 'Sargantana' y 'Marmadis', en colaboración con la Policía Local de Palma, que dieron lugar a la imputación de 29 personas por delitos contra la propiedad industrial tras la inspección de 41 establecimientos comerciales y 8 almacenes, donde fueron intervenidos 41.515 artículos.
Por su parte, la Policía Nacional realizó dos grandes operaciones el pasado verano en Inca y Alcúdia, procediendo a la imputación de 19 personas y a la incautación de 1.600 artículos, también destinados a la venta ilegal.
