Así lo han anunciado en un acto convocado en el Palacio de Justicia de Palma, en el que han compartido un manifiesto con sus peticiones.
Han participado en el acto representantes de Jueces y Juezas por la Democracia, Catalina Martorell; de la Asociación Profesional de la Magistratura, María del Carmen González; la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Gabriel Oliver; de la Unión Progresista de Fiscales, Eduardo Navarro; y de la Asociación de Fiscales, José Díaz Cappa.
A estas entidades se les suman otras dos asociaciones de jueces y fiscales, de forma que siete asociaciones se han puesto de acuerdo en las medidas reivindicadas, que son "muy claras y directas", en palabras de Eduardo Navarro.
Tras la presentación a los medios se ha celebrado una concentración ante la sede del TSJIB, en la que se ha leído un texto apoyando las 14 medidas propuestas por las Asociaciones Judiciales en junio de 2017, que fueron asumidas por 1.200 juntas de jueces y contaron con la adhesión individual de 3.500 jueces y magistrados. A la concentración de este jueves en Palma han asistido medio centenar de profesionales.
Los jueces y fiscales plantean paros semanales cada jueves de 12.00 a 13.00 horas, que comenzarán después de una concentración central en Madrid a la que todavía no se ha puesto fecha.
Martorell ha aclarado que antes de llegar a este punto se han mantenido varias reuniones en las que "no se han dado soluciones" ni se ha planteado "ninguna propuesta", lo que, a su juicio, pone de manifiesto que el Gobierno "no demuestra interés".
Entre las reivindicaciones de los jueces y fiscales figuran varias encaminadas a garantizar la independencia judicial. Martorell ha recordado que el poder judicial debe ser independiente del legislativo y el ejecutivo, por lo que consideran que la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe hacerse "por jueces y magistrados, sin interferencias políticas".
Por ello, las asociaciones convocantes plantean una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la retirada de enmiendas a la misma "que coartan el ejercicio de la función judicial" y la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos. También recalcan que el CGPJ "debe amparar de modo efectivo" a los jueces "de cualquier ataque que afecte a su independencia".
En lo que respecta a las condiciones profesionales, piden entre otras medidas recuperar el nivel salarial "perdido en 2010" y adecuar las retribuciones; modificar la ley en lo relativo a permisos y medidas de conciliación; recuperar el régimen de vacaciones y permisos; e implantar cargas máximas de trabajo.
"Reclamamos que se nos devuelva lo que se nos ha quitado", ha explicado Martorell, que ha acusado al Gobierno de "incumplir lo que prevé la normativa".
Los jueces y fiscales participantes en el acto han coincidido en advertir que los Juzgados "no están preparados" para asumir nuevas tecnologías como el expediente digital y que "se están produciendo muchos defectos". Por ello, piden un proceso de digitalización "adecuado" o incluso paralizar la implantación de la Justicia digital mientras no se garantice su correcto funcionamiento.
Otras reivindicaciones son la dotación suficiente de medios personales y materiales, convocando al menos 300 plazas de jueces y fiscales anualmente los próximos cuatro años para equiparar la plantilla a la media europea por habitante; modernizar los edificios; o un plan de inversión "suficiente y prolongado", entre otras reclamaciones.
