Después de años de trabajar para sacar adelante a este país, este mismo país les agradece sus esfuerzos con una patada en su veterano culo, y perdonen la soez pero popular y descriptiva expresión.
La crisis del sistema de pensiones que vivimos en estos momentos, la mayor desde su fundación en el ya lejano régimen del general Franco, se irá agravando en el futuro. Las dificultades actuales son una simple anécdota frente a la catástrofe que inexorablemente se avecina. El ‘baby boom’ de los años 60 y 70 del siglo pasado y el posterior frenazo demográfico español han desequilibrado la balanza: cada vez hay menos trabajadores activos para financiar las pensiones del cada vez mayor número de jubilados. Y eso ya se sabía desde hace décadas.
Que se previera la crisis actual y no se hiciera nada de nada para evitarla es una más de las nefastas realidades que nos ha dejado en herencia el bipartidismo del Partido Socialista y del Partido Popular. La presunta impopularidad de modificar la edad de jubilación, aumentar las cotizaciones en etapa laboral o la implantación de un sistema fiscal capaz de incentivar el ahorro privado sobre el consumo compulsivo nos han abocado a la situación actual.
Más allá de la demagogia interesada de algunos partidos para aprovechar que el Pisuerga de las movilizaciones de los pensionistas pasa por el Valladolid del acoso al Gobierno Rajoy, la realidad es que sobrevivir con una pensión de solamente 400 o 500 euros es una heroicidad que condena al usufructuario de la misma a la pobreza y la decadencia vital. Y eso, un país democrático y europeo como España, no se lo debe permitir. No nos lo podemos permitir.
Por tanto, ¿de dónde sacamos los fondos económicos públicos para cumplir con el deber ético de compensar adecuadamente los esfuerzos laborales ejercidos por todos aquellos ciudadanos que ahora ya están jubilados? Esa es la pregunta que debe movilizar a los políticos que nos gobiernan. Miles son las respuestas a la cuestión fundamental y múltiples son las soluciones. Es ahí donde, una vez más, reclama la sociedad civil la confluencia de intereses partidistas para conseguir mediante el diálogo y el consenso soluciones viables y a largo plazo. Pero, una vez más, pedirle eso a los partidos españoles es esperar milagros imposibles.
Las pensiones paupérrimas son tan deleznables como los sueldos paupérrimos y las paupérrimas colas del hambre que marcan la geografía de nuestro país de personas cabizbajas, avergonzadas de su miserable situación, hambrientas y sin esperanzas.
Ese es el objetivo general y global. No tan solo conseguir pensiones suficientes para vivir sin pasar hambre, sino también servicios sociales y recompensas salariales suficientes para no ser un apestado de la opulenta sociedad de consumo.
Señores y señoras pensionistas: tienen ustedes razón al manifestarse en la calle reclamando aumentos de sus emolumentos mayores que el escuálido 0,25% que les otorga anualmente el Gobierno de España. Pero no olviden que son solo una parte de un grupo mayor de españoles que ven como las oportunidades les han abandonado montadas en la cómoda poltrona de un sistema político agotado y agostado.
Pidan, reclamen, salgan a la calle, protesten y den a conocer sus reivindicaciones. Ese es su derecho democrático. Pero sean conscientes que solamente con un cambio radical de las prioridades presupuestarias de nuestros gobiernos esta situación, su situación, puede quizás algún día cambiar.
Como siempre, los grandes problemas requieren de soluciones pactadas y compartidas por la mayor parte posible de los partidos políticos de España. Si plantean sus reivindicaciones simplemente como un pim pam pum contra Rajoy quizás consigan debilitarle, pero no solucionarán la gran cuestión. Y la cuestión, el problema, es que en estos momentos el sistema laboral español no da más de sí para conseguir, a través de las aportaciones de los que trabajan, fondos para pagar a aquellos que o están en el paro o se han jubilado.
Reclamen, pues. Reclamen con vehemencia. Pero reclamen una solución estable y compartida por todos.
