El informe expone el problema del Consell, y por extensión de las otras entidades locales, para poder conceder estas ayudas tras la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad del Régimen Local, o Ley Montoro, para evitar la duplicidad de competencias y la asunción de competencias impropias.
En el caso de la solidaridad internacional, en Baleares estas competencias recaen en el Govern y no en entidades locales. Por tanto, si se quiere otorgar alguna subvención de estas características, se requieren una serie de informes y autorizaciones por parte del Govern y el Estado que "dificultan la tramitación".
Desde el Consell pedirán así al Govern que el decreto tenga en consideración este problema y ofrezca herramientas para poderlo solucionar ya que, según asegura, perjudica a entidades locales que trabajan en el exterior, como el Fondo Pitiuso de Cooperación.
