El Ajuntament, han recordado, había recibido alegaciones por parte de siete empresas y entidades del sector del ocio que cuestionaban aspectos como la competencia municipal, el máximo de decibelios permitidos o la zonificación.
Tras ser estudiadas por los servicios jurídicos, las alegaciones han sido desestimadas al entenderse que la norma sí actúa sobre competencias municipales y se ajusta a Derecho.
La ordenanza entrará en vigor seis meses después de su publicación en el BOIB y uno de sus aspectos a destacar, según el Ajuntament, es que contempla obligar tanto a restaurantes de playa como a 'beach clubs' a tener limitadores de sonido para no superar los 65 decibelios.
Además, serán sancionados "con contundencia" los ruidos provocados por fiestas en casas particulares. La modificación de la ordenanza tipifica como infracción grave incumplir el requerimiento de la Policía para parar la música, con multas de 12.000 euros.
