En dicho informe, realizado por el Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, establecen una lista provisional de presuntos delitos cometidos y sus posibles autores.
Por otra parte, indican que la ex alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, podría haber cometido presuntos delitos de prevaricación, así como que el actual secretario general de la Delegación del Gobierno en Baleares, Evelio Antich, podría haber llevado a cabo delitos de tráfico de influencias y administración desleal.
Asimismo, en el informe también están mencionados el actual regidor y diputado del PP, Álvaro Gijón y los ex regidores populares Irene Sangil y Guillermo Navarro; así como distintos cargos de la Policía Local. Esta lista de posibles imputados, aclaran desde el Cuerpo Nacional de Policía "es un mero borrador orientativo" para clarificar y ordenar hechos.
Respecto a estos tres miembros del PP, los investigadores apuntan la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, malversación de caudales, entre otros.
Cabe destacar que en el documento, de más de 700 páginas, se concluye que "está perfectamente demostrada la existencia de una organización criminal que, de forma premeditada diseño y ejecutó un plan, a lo largo del tiempo" para "controlar ilícitamente la administración -el Ajuntament de Palma- para poder servirse de ella y para poder utilizar sus poderes" como "instrumento esencial de sus actuaciones ilícitas, totalmente contrarias al principio de legalidad y el interés público".
