En defensa de la normativa, el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha explicado que entre los pilares fundamentales del proyecto de ley se encuentran la regulación de las líneas básicas de los tres tipos de suelo, "incluido el suelo rústico que deliberadamente y de manera intencionada estuvo arrinconado por la Ley de Ordenación y Uso del Suelo (LOUS)".
Asimismo, ha dicho, introduce mecanismos para facilitar y acortar la tramitación administrativa del planeamiento urbanístico, aporta "transparencia y claridad para evitar la especulación" y apuesta por la reutilización del suelo urbano.
Igualmente, el conseller ha señalado que en la normativa se dan más garantías para los suelos especialmente protegidos y se resuelve "con contundencia y claridad" la disciplina urbanística tanto para garantizar el cumplimiento de sanciones como para actuar como elemento preventivo y disuasivo de comportamientos irregulares.
Pons ha defendido que debe ser una norma que se tiene que construir "pieza a pieza" y que busque "un amplio consenso" para conseguir un equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del territorio.
"Necesitamos profundizar en un modelo que apueste por la protección de los paisajes. Un modelo que nos ayudará a hacer una ciudad menos contaminante apostando por la reutilización del suelo urbano", ha añadido el conseller.
INSEGURIDAD JURÍDICA
La diputada del PP, Antònia Perelló, ha calificado de "muy deficiente" el texto presentado por el Govern y ha asegurado que la normativa aportará "inseguridad jurídica" al suponer una "ruptura total" con los principios y procedimientos establecidos desde la normativa de 1976.
"Asistimos a un nuevo capítulo de la técnica de derogar todo lo que se hizo en la legislatura pasada y complicar la vida de los ciudadanos. No hace falta una nueva ley de Urbanismo, la única razón de ser es derogar la LOUS", ha criticado la diputada popular.
En este sentido, Perelló ha asegurado que durante la tramitación de la LOUS se hizo un esfuerzo "muy grande" para consensuar el texto, que finalmente "ofrecía una regulación completa".
Por su parte, el diputado de El PI, Josep Melià, ha criticado que elaboren una nueva ley en lugar de introducir los cambios necesarios a la normativa ya existente.
Asimismo, ha lamentado que se incluya parcialmente la regulación del suelo rústico y que se cambien las reglas de cómo funciona el planeamiento urbanístico. "Para nosotros el problema de planificación urbanística es la cronificación, la capacidad de modernizarlo", ha añadido.
"No acaba de ser coherente y lo lía todavía más. Más nos vale que tuviésemos una normativa con durabilidad en el tiempo porque si en cada legislatura se tiene que hacer una no iremos por buen camino", ha manifestado el diputado, quien ha avanzado que hay aspectos en la ley que "no funcionarán y serán un fracaso".
APOYO A LA NORMATIVA
El líder de Podemos en Baleares, Alberto Jarabo, ha aprovechado su intervención para recordar los escándalos urbanísticos que han salpicaron al PP y a Unió Mallorquina y ha criticado que "los herederos ahora presenten enmiendas a la totalidad".
Jarabo ha indicado que lo que buscan con esta ley es acabar con la amnistía a los infractores, evitar la presión al territorio y evitar la posibilidad de crear una nueva burbuja inmobiliaria.
"Entendemos que la ley es buena en general y mejora la LOUS que tenía demasiados agujeros donde podía sacar la cabeza el urbanismo insostenible. Además, entendemos que es un buen avance e innovador en el planteamiento de la disciplina urbanística", ha defendido el de Podemos.
Desde el PSIB, el diputado Damià Borràs ha manifestado que la normativa permitirá que los procesos sean "más ágiles y eficiente", que ayudarán a disuadir al infractor, a dar herramientas a los ayuntamiento y a perseguir con más rigor las infracciones.
Por su parte, el diputado del MÉS per Mallorca Antoni Reus ha explicado que su grupo da su apoyo a la tramitación del proyecto de ley porque consideran que "tiene medidas positivas para un urbanismo más sostenible y más social".
En su turno de palabra para mostrar su postura a favor, el diputado de MÉS per Menorca Josep Castells ha asegurado que "el urbanismo es un punto negro que nos distingue como comunidad autónoma" y ha afirmado que "todos los esfuerzos para extraer este punto negro son positivos".
Finalmente, el portavoz parlamentario de Ciudadanos en Baleares, Xavier Pericay, ha indicado que su grupo decidía abstenerse en la votación de las enmiendas a la totalidad al ser partidarios de la regulación y ha puesto el acento en otros aspectos de la ley que consideran mejorables, como el "afán intervencionista".
