Desde la formación consideran reprobable que se destinen recursos económicos y trabajadores públicos para todo aquello que no tenga que ver con el interés general. "Los canales oficiales de información de las administraciones deben velar por la objetividad y deben servir, sobre todo, para transmitir información de interés público y no han de utilizarse como canales de opinión política. Para esta segunda cuestión, están los diferentes canales de los partidos y formaciones políticas".
"Más allá del contenido de los comentarios expuestos, no es admisible que se utilice la cuenta oficial de twitter del Govern o de alguna conselleria para opinar sobre los hechos que han sucedido esta mañana en Barcelona, ni tampoco para criticar o menospreciar a los partidos políticos que no apoyan el actual Govern de izquierdas".
Desde el PP, lamentan que "no es la primera vez que se produce esta utilización partidista por parte de los actuales dirigentes, pero el hecho resulta todavía más grave cuando desde esos mismos canales se pretende justificar una situación de especial gravedad para el conjunto de los ciudadanos españoles, como es el desafío rupturista de los independentistas en Catalunya".
Desde el PP balear piden al Govern y al resto de administraciones insulares y locales que rectifiquen en esta actitud y sean garantes de la máxima objetividad en el uso de los recursos públicos.
En cuanto a los hechos que están aconteciendo Catalunya, el PP de las Illes Balears quiere mostrar su apoyo a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, que están actuando en defensa de la legalidad. "El único riesgo para la democracia en nuestro país sería que el Gobierno permitiera que los secesionistas lograran su objetivo de liquidar la Constitución, que ampara a todos los españoles, y el Estatuto de Autonomía, que es la norma fundamental en Catalunya".
"Nadie está por encima de la ley y, cuando alguien pretende ponerse por encima de la ley, o al margen, el Estado tiene el deber y actúa en defensa de los derechos de todos. Nadie está por encima de las órdenes de jueces y fiscales, que son independientes en un Estado de Derecho. Nadie está por encima de las sentencias del Tribunal Constitucional. Eso es la democracia".
