Así lo ha indicado la concejal de Bienestar y Derechos Sociales, Mercè Borràs, tras la reunión de la Junta de Gobierno de Cort, en la que se ha aprobado la constitución de una comisión de coordinación integrada por once áreas municipales para llevar a cabo el proceso de desalojo.
De las 45 familias afectadas por el desalojo, 15 pueden acogerse a esta oferta al no disponer de vivienda alternativa. La previsión del pago de los 1.000 euros mensuales deberá verse reflejada en el presupuesto del año que viene.
Integran la comisión sobre el desalojo de Son Banya las áreas de alcaldía; Bienestar y Derechos Sociales; Infraestructuras y Accesibilidad; Seguridad Ciudadana; Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna; Ecología, Agricultura y Bienestar Animal; Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos; Economía, Hacienda e Innovación; Sanidad y Consumo; Movilidad y Turismo; Comercio y Trabajo.
Esta comisión se reunirá cada mes y plantea que en un plazo de tres años hay que "erradicar" Son Banya. El proyecto plantea la intervención de diferentes concejalías para que el proceso sea "lo más eficiente posible".
"Es muy importante tener claro que erradicar Son Banya es un proyecto municipal y por ello se constituye esta comisión presidida por el alcalde", ha dicho Borràs.
La concejala ha explicado que los precedentes en otros lugares recomiendan la coordinación y la implicación general, dado que ante imprevistos hay que "tomar decisiones de forma inmediata" y no lo puede hacer una sola concejalía.
