Según apuntas algunas informaciones, ha continuado con su actividad, a pesar de disponer de una orden de clausura y no tener tampoco ninguna plaza turística autorizada. De hecho, Alzamora ha recordado que la orden de clausura decretada en 2019 por parte del Gobierno de las Islas Baleares continúa vigente.
Según Alzamora el Consell de Mallorca está obligado a aplicar el artículo 187.6 c) de la LUIB, es decir, "comunicación del incumplimiento al Ministerio fiscal con este fin de exigir la responsabilidad penal que corresponda". Además, el portavoz ecosoberanista ha insistido también en el hecho que el agroturismo podría estar incurriendo en un delito de desobediencia a la autoridad, tal como dispone el artículo 150.4 de la LOUS". Y esto, ha dicho, también obligaría a acudir ante la Fiscalía.
