Entre los tres edificios, que suman unas 200 plazas ilegales, se encuentran funcionando a pleno rendimiento, con casi todas las habitaciones ya reservadas para estos meses de verano. Unas habitaciones que se pueden reservar a través de plataformas como Booking y lo hacen utilizando números de licencia falsos.
Las instituciones conocen el caso. De hecho, estos tres inmuebles cuentan con un expediente abierto, sin embargo, siguen realizando su actividad ilícita con total impunidad. Es más, hasta que no se cierre el expediente, pueden seguir operando sin que se les pueda volver a multar.
Comercializar un piso como vacacional sin contar con la pertinente licencia se considera una infracción muy grave, lo que implica una sanción que puede ir de los 40.000 a los 400.000 euros. Una multa que, a algunos propietarios les puede salir a cuenta pagar, ya que el beneficio obtenido de forma fraudulenta durante los meses o incluso años que están en funcionamiento, es superior a la cantidad a pagar.
Estos tres edificios de Palma no son un caso aislado. En Mallorca se calcula que hay unas 20.000 plazas irregulares según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
De hecho, las principales instituciones de las Islas como el Govern, los Consells Insulares y el Ayuntamiento de Palma consideran la oferta turística ilegal como uno de los principales culpables de la sensación de masificación que se vive en Baleares. Por ello, han hecho del alquiler vacacional ilegal su principal caballo de batalla, impulsando diferentes medidas para combatirla como intensificar las inspecciones.
