La norma pretende establecer un marco legal alternativo al español y sería de aplicación efectiva entre el 2 de octubre y unas elecciones constituyentes, periodo que duraría seis meses. De esas elecciones saldría una asamblea constituyente, que haría las veces de Parlament para definir la nueva constitución recogiendo las aportaciones del proceso constituyente en un documento que debería ser refrendado.
Después, se prevén unas nuevas elecciones, republicanas, en las que se escogería nuevo Gobierno, cuyo presidente de la Generalitat debería ser un diputado del Parlament elegido electoralmente. "Faltan 35 días para votar y con un periodo suficientemente largo de tiempo el ciudadano conocerá cuáles son las consecuencias de su voto, sea 'sí' o 'no'", ha afirmado el presidente del grupo de Junts pel Sí, Lluís Corominas.
Los partidos no han dado muchos detalles sobre la ley en la comparecencia, aunque sí han concretado que tiene 89 artículos y 3 disposiciones finales; después, en una sala del Parlament, han aclarado conceptos a los medios que han acudido a la presentación. Uno de ellos, que ya se conoció hace meses con la publicación de un borrador de la ley, es el de la nacionalidad: no hará falta renunciar a la española tras la independencia.
Además, el artículo 7 de la ley expone que podrán obtener la nacionalidad catalana aquellas personas de nacionalidad española que lleven dos años empadronados en Catalunya a fecha 31 de diciembre de 2016.
La norma también recoge la amnistía para todos los "investigados o condenados por procedimientos relativos a la independencia o la construcción de la república", incluidos, por tanto, el expresidente Artur Mas y los exconsellers Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs.
Los grupos han avisado de que "en ningún caso se amnistiarán casos de corrupción; solo los relacionados con el proceso". En cuanto a la nueva estructura judicial prevista para Catalunya, no habría Audiencia Nacional; el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se reconvertiría en el Tribunal Supremo Catalán, y el giscal general de la república sería nombrado por el Parlament y no por el Govern, "garantizando plena independencia".
La estructura de empleados "tendrá continuidad, seguirán con su plaza y tendrán las mismas retribuciones que hasta ahora", pero adaptándose a la nueva organización. El nuevo Tribunal Supremo tendría también una Sala de Gobierno -que sería el Consejo General del Poder Judicial catalán y estaría formada solo por jueces-, y se crearía una Comisión Mixta para "garantizar todos los medios materiales y las funciones".
Por otro lado, la ley dice que el presidente de la Generalitat pasará a ser jefe de Estado. Como la ley prevé proclamar una república si el 'sí' gana el 1-O, también se contempla que haya un presidente de la república, aunque la norma no define si el jefe del Estado asumirá además ese papel. "Será el proceso constituyente el que definirá si es el presidente de la Generalitat es también el de la república", ha dicho el diputado de la CUP Benet Salellas.
