La redacción de esta casa ha accedido al informe que la Guardia Civil ha entregado a la Audiencia Nacional sobre la compra de mascarillas por parte del IB Salut que dirigían la consellera Patricia Gómez y su esposo, el doctor Juli Fuster. Según los agentes de la UCO, la adquisición de 3’7 millones de euros se realizó sin ningún contrato legal de compraventa.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, según consta en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción que ahora sirve de base para la investigación de la Audiencia Nacional acerca de la Trama Koldo, señala –negro sobre blanco– que el Govern balear de Francina Armengol pagó 3’7 millones de euros de dinero público por una cantidad indeterminada de mascarillas sin ningún contrato previo de compraventa que diera validez oficial y legal a esta transacción.
Tras los reconocidos contactos telefónicos del propio Koldo García, por orden del ministro José Luis Ábalos, con alguien por ahora indeterminado del ejecutivo socialista balear, los correos electrónicos cruzados entre la empresa corrupta Soluciones de Gestión y el Servicio de Salud de Baleares dieron pie a la llegada al aeropuerto de Son Sant Joan de un avión cargado de mascarillas, que luego resultaron ser fraudulentas.
Un aterrizaje en Palma y una descarga de material sanitario que no se reflejaban en ningún documento legal, sino simplemente en unas llamadas telefónicas y en varios emails. Pese a la precariedad de esta transacción, solo una semana después el propio Govern de Armengol pagó a Soluciones de Gestión íntegramente 3’7 millones de euros.
Este informe de la Guardia Civil, apoyado en una requisitoria ejecutada en la propia sede palmesana del IB Salut el 19 de julio del año 2022, confirma que las mascarillas se ofrecieron por Koldo García desde el Ministerio de Fomento, se aceptaron inmediatamente y sin preguntar por el Govern de Armengol, se entregaron en el aeropuerto, se trasladaron a los almacenes de la Conselleria de Salud y se pagaron sin apoyo contractual ninguno.
Los agentes de la UCO destacan que no hay constancia de ningún procedimiento oficial previo de compra, ni siquiera en trámite de urgencia por la pandemia, lo que ha dado pie a la Fiscalía Anticorrupción a cuestionar que una gestión de este tipo (comprar 3’7 millones de euros sin contrato) no sería posible en ningún caso sin el apoyo de algún miembro destacado del Govern balear. Eso sí, los agentes y los fiscales no identifican a este posible o posibles personajes. No se nombra, por ahora y en el actual momento procesal, ni a la presidenta Francina Armengol, ni a la consellera Patricia Gómez, ni a su esposo y director gerente del IB-Salut, el doctor Juli Fuster, ni tampoco al responsable de compras en ese momento de este organismo oficial, Manuel Palomino.
Asimismo, esta compraventa de mascarillas sin contrato alguno no se podría haber acogido nunca a la situación provocada por la pandemia. Siendo cierto que el Gobierno de Pedro Sánchez dictó un decreto de medidas excepcionales para evitar los concursos públicos en los casos de extrema urgencia contra la Covid, en ningún momento estaba permitido que cualquier compra, por urgente y necesaria que fuera, se pudiera ejecutar sin un contrato oficial previo.
Con ello, el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el informe de la Fiscalía Anticorrupción y la investigación en curso de la Audiencia Nacional señalan que, aunque Koldo García hubiera engañado al Govern de Francina Armengol, el ejecutivo socialista balear traspasó todos los límites legales al adquirir las mascarillas y pagar inmediatamente los 3’7 millones de euros por ellas sin formalizar ningún contrato legal y oficial.
Situación ésta que deja la puerta abierta a posteriores investigaciones sobre la responsabilidad penal de los altos cargos del Govern que permitieron esta compraventa.
