La institución insular ha iniciado diligencias sancionadoras contra el alquiler turístico irregular de un piso situado en una promoción de protección oficial de Eivissa. Las diligencias se iniciaron gracias a una denuncia anónima recibida en el correo electrónico de inspección turística.
En concreto, se comprobó que el piso se anunciaba en Airbnb y ofrecía servicios como desayuno, champú, wi-fi, toallas, y que se podían hacer reservas para noches. También se pudo comprobar, de acuerdo con la información que aparecía en el mismo portal, que la persona que comercializaba la vivienda lo había hecho al menos una decena de veces. Por ello, el Consell informó de los hechos a la Delegació d'Hisenda y a la Direcció General d'Habitatge del Govern.
Cabe destacar que dado que las diligencias se abrieron el pasado mes de julio, antes de la entrada en vigor de la modificación de la ley turística, la persona responsable se expone a una sanción de entre 4.000 y 40.000 euros, tal como establecía la norma anterior.
Con la nueva normativa el Consell d'Eivissa dispone de mejores instrumentos para perseguir el alquiler irregular en casas y pisos de la isla, además de incluir un considerable incremento de las cantidades económicas del régimen sancionador.
La comercialización turística de una vivienda sin autorización implica una infracción grave con multas entre 20.001 y 40.000 euros, tanto para el propietario como para el explotador o el comercializador, y por cada vivienda que se ofrece. En el caso de las plataformas o de otros titulares y explotadoras de los canales de comercialización turística, la publicidad o promoción de oferta ilegal implica sanciones de hasta 400.000 euros.
La ley contiene definiciones necesarias que hasta ahora no existían. Así, la norma facilita por primera vez una definición del término canal de oferta turística. También deja claro que se considera como alquiler turístico todas las estancias por períodos de corta duración con una duración inferior a un mes.
La falta de estas definiciones concisas en la norma de 2012 había dejado margen a diferentes interpretaciones, a menudo alegales, que quedaban capacidades de actuación a los servicios de inspección turística del Consell d'Eivissa.
Además, el Consell d'Eivissa continúa con el Pla d'Inspecció Turística previsto para el 2017, aprobado por el Consell Executiu el pasado 21 de abril a propuesta del president, Vicent Torres. Un plan que tiene como objetivo controlar el cumplimiento de la normativa turística y el correcto funcionamiento de todas las actividades y servicios turísticos, la detección de servicios turísticos clandestinos, como son los alquileres turísticos irregulares, actuar contra la mala praxis en el desarrollo de las actividades y servicios turísticos, y garantizar el respeto a los derechos de las personas usuarias de los servicios turísticos.
