La investigación la inició la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Grupo II de Protección al Menor de Madrid, tras recibir una denuncia de una ONG que combate la explotación sexual infantil, NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children). Posteriormente se solicitó la colaboración del grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares.
La denuncia alertaba de que se había constatado la tenencia de fotos y vídeos de pornografía infantil. Analizada toda la información, las sospechas se dirigieron a un residente en Baleares, que había subido los archivos desde distintas provincias españolas además de Canarias y Baleares.
La Policía pudo comprobar que el joven accedía desde su terminal móvil a una aplicación de mensajería gratuita, y con ella participaba en un grupo de intercambio de archivos pedófilos. Presuntamente, allí descargaba y luego borraba el material para no dejar pruebas en su teléfono. Esta actividad se remontaría hasta el año 2018.
El pasado martes los agentes procedieron a la detención del joven e intervinieron el teléfono. Ya han solicitado al Juzgado el volcado, extracción y análisis de la información que pueda contener el terminal, esperando poder esclarecer los delitos e identificar a posibles víctimas menores de edad.