Según ha informado el cuerpo en un comunicado, la investigación comenzó hace unos meses en colaboración con Delegación de Gobierno al comprobarse que una gran parte de las mujeres identificadas en los diferentes operativos policiales que se realizan en Playa de Palma relacionados con la prostitución y los delitos contra el patrimonio, habían conseguido permisos de residencia a través de matrimonios y parejas de hecho en fraude de ley.

La policía averiguó que los españoles que se constituían en pareja de hecho eran personas con escasos recursos económicos, y, en algunos casos, se trataba de toxicómanos, personas que tenían alguna incapacidad mental o indigentes. Estos contrayentes españoles recibían por su participación entre 2.500 y 3.000 euros.

Las personas de nacionalidad nigeriana que han realizado estas uniones ficticias habían solicitado con anterioridad autorizaciones de residencia que habían sido denegadas por tratarse, en muchos casos, de personas con antecedentes penales.

A lo largo del operativo policial han sido detenidas 21 personas -13 españoles y ocho nigerianos-, entre ellos los responsables del grupo acusados de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal.

Estas uniones entre un ciudadano extranjero, en este caso nigeriano, y un ciudadano español tiene por objeto que el extranjero pueda regularizar su situación administrativa en España, pagando normalmente al otro falso cónyuge una importante cantidad de dinero. De ello se valen las organizaciones delictivas, que se dedican a la búsqueda de personas de origen comunitario que estén dispuestas a unirse con otras personas que se encuentren de manera ilegal en España.