La facturación mínima pasa de 500.000 a 12 millones de euros durante los tres últimos ejercicios. Esa diferencia es uno de los requisitos fijados por el Govern en el nuevo acuerdo marco que regula la contratación de servicios de seguridad y vigilancia privada por parte de la Administración autonómica.
Inés Ybarra, presidenta de la Asociación del Sector de Seguridad Privada de Baleares (ASSP), asegura que "lo que se está haciendo es que en la preselección se les está excluyendo. Ya no tienen derecho a acceder a ningún contrato que salga de la Administración publicado en los próximos dos años. Lo que no entendemos, básicamente, cuál es la justificación de ese cambio de criterio cuando seguimos con la misma Ley de Contratación, ya que dicha ley no se ha modificado".
Un cambio de criterio en el acuerdo marco que se convierte en insalvable para la inmensa mayoría de las pymes locales del sector, las cuales quedan así excluidas de poder prestar sus servicios en cualquier edificio o evento de titularidad autonómica.
Un hecho que lamenta Juan Toro, CEO de Kaizen Security, quien señala que "el cambio, de los 500.000 euros a los 12 millones ha sido muy fuerte, sin ningún tipo de justificación del porqué ese cambio en la solvencia económica. Son muy pocas empresas las que pueden llegar a ese volumen. Nos limitan a que trabajemos más en verano, en hostelería, y que después nos cueste más mantener a nuestro personal en invierno".
La Asociación del Sector de Seguridad Privada de Baleares ya ha remitido un escrito ante la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo mostrando su malestar por esta modificación en el nuevo acuerdo marco. Un cambio, denuncian, que “vulnera la normativa europea de libre concurrencia”.
