No retirará el cien por cien de la oferta que no tiene licencia, pero, en una decisión que marca un punto de inflexión, el portal está dispuesto a eliminar los anuncios de los pisos ilegales que le comunique el Ayuntamiento.
El ejecutivo municipal no sabe cuántos son: los listará y los comunicará la semana que viene a la dirección del portal.
La relación entre Airnb y el Ayuntamiento de Barcelona ha sido tormentosa desde que Colau llegó a la alcaldía. Su equipo quiere, y lo ha repetido hasta la saciedad, que los portales turísticos eliminen cualquier piso que no tenga el número de registro de la Generalitat que le acredita como vivienda de uso turístico.
En esta cruzada contra los ilegales, tras varias advertencias y pactar con Homeaway y Booking la retirada de ilegales, Barcelona multó con 600.000 euros a Airbnb. Se convertía en la primera ciudad del mundo que multaba a la empresa californiana.
Y mientras el discurso del ayuntamiento barcelonés es clarísimo, Airbnb defiende el home sharing, el hecho de que los vecinos compartan sus viviendas y complementen sus ingresos con lo que obtienen alquilando habitaciones o el piso entero cuando no están en la ciudad. Además, la empresa recuerda que ha llegado a acuerdos, incluso para recaudar la tasa turística, con cientos de ciudades y regiones.
El responsable de políticas públicas de Airbnb, Sergio Vinay, celebró haber acordado “una solución sostenible. Un proceso sencillo para que el ayuntamiento pueda notificar la existencia de alojamientos turísticos ilegales, que retiraremos rápidamente”.
No acceden, por ahora, a eliminar los que no tengan número de registro: “Hemos pedido al ayuntamiento poder trabajar para asegurar que las familias que comparten su residencia habitual puedan seguir ofreciéndola a viajeros a través de la plataforma y que nos centremos en eliminar los operadores comerciales ilegales”.
Las dos partes aguardan que la Generalitat regule el alquiler de habitaciones, para darle un paraguas que será otro paso para firmar la paz.