“Recuerdo que un día me llegó a la mesa una factura de 21.000 euros con un concepto muy extraño. La factura iba a nombre de Banderas de España SA y me la rebotaban desde la Conselleria de Medi Ambient. Pregunté y me dijeron que era el pago anual a Banderas Azules. Pero ni nosotros desde la Conselleria de Turisme habíamos pedido esa certificación ni ellos nos habían prestado ningún servicio. Era absurdo, así que me negué a pagar”, explica Pilar Carbonell, directora general de Turisme del Govern balear en unas edeclaraciones ofrecidas a El Confidencial.
Esto ocurrió en 2016 y fue el primer rechazo frontal de un gobierno autonómico al hasta entonces prestigioso sistema de certificación de playas.
Ese verano, Baleares perdió 12 banderas y el vicepresidente del Govern y conceller de Turisme, Biel Barceló, dijo que era un castigo por “no pagar a la empresa” que las entrega, sugiriendo que son un sello de excelencia que se compra con dinero.
Un año después, el discurso no varía: “No vamos a pagar por pertenecer al club de banderas azules cuando es algo que no nos aporta nada. No entiendo por qué se les sigue dando tanta importancia. En Baleares tenemos muchas playas en las que no queremos que jamás ondee una bandera azul”, sentencia Carbonell también a El Confidencial.
Ya antes, en 2012, el Ayuntamiento de Rianxo (Galicia) había abierto el melón de las banderas a nivel municipal. Dejó de solicitar el galardón al discrepar de los criterios de evaluación. Cinco años más tarde, Rianxo asegura no haber notado ningún perjuicio. “Diría que al contrario. Pese a no tener las banderas, cada vez recibimos más turistas”, señala Adelina Ces, teniente de alcalde. “Ofrecemos los mismos servicios y prestaciones, baños en buenas condiciones y limpieza en las playas. No vemos que la gente se fije en si hay o no hay bandera para venir, así que no creo que volvamos a solicitar una bandera azul en el futuro”.
A Rianxo se le han ido sumando al boicot en Galicia municipios como A Pobra do Caramiñal, Serra de Outes, Barreiros, Viveiro, y el año pasado, con mucha pompa, el de O Grove, cuyo alcalde, José Cacabelos, afirmó que el reconocimiento “ni nos convence, ni creemos que nos aporte gran cosa, la repercusión no es tanta como algunos quieren hacer creer”.
Así, la playa más famosa de las Rías Baixas (la de A Lanzada) dejó de tener bandera, uniéndose a otras playas, como la docena de arenales de Eivissa que tampoco quieren vestirse más de azul, entre los que destacan los del municipio de Sant Josep de sa Talaia que, “de manera consciente”, según el consistorio, “decidió no solicitar el certificado”.
Esta desbandada coincide con el 30 aniversario de Banderas Azules, que se creó en 1985 para certificar puertos deportivos en Francia y se amplió en 1987 a playas y puertos de toda Europa, con la subvención de la Comisión Europea. Su mayor promotor ha sido José Ramón Sánchez Moro, hoy presidente de Adeac, la asociación que gestiona las banderas en España bajo supervisión internacional de la Fundación para la Educación Medioambiental (FEE en sus siglas en inglés), de la cual el propio Sánchez Moro fue presidente más de una década y hoy evalúa playas en 60 países.
Casi desde el inicio, el certificado Bandera Azul ha gozado de un aura casi mágica en España, de largo el país donde más relevancia se da a esta distinción.
“La realidad es que nadie fuera de España da un valor especial a estas banderas. No es un sello que un turista europeo asocie a excelencia y ni siquiera la Unión Europea las apoya”, sostiene Pilar Carbonell, directora general de Turismo de Baleares de nuevo a ElConfidencial.
“Ese gasto de 21.000 euros anuales no nos supone ningún retorno porque ellos [Banderas Azules] ni siquiera hacen análisis de agua propios. Se basan en los de nuestra Conselleria de Salut. Y luego, para dar una bandera, exigen instalaciones como paseos marítimos, baños, duchas y otras cosas que van en contra de lo que nosotros entendemos por calidad de playa. No vas a construir un paseo marítimo en una playa natural para poder tener una bandera. No tiene sentido”.
Además, ninguna organización ecologista apoya el certificado, aun siendo supuestamente el culmen del respeto medioambiental. Es más, llevan años criticándolo.
“Las banderas azules hace tiempo que no tienen ningún aval técnico, ni científico, ni administrativo de la Unión Europea. Son promovidas por un conjunto de asociaciones privadas ligadas a las empresas turísticas. La acumulación de fraudes y denuncias en su obtención hizo que la Comisión Europea les retirase el apoyo económico y se desmarcase de la campaña hace ya nueve años”, señala Ecologistas en Acción.
A Sánchez Moro, el hecho de que le crezcan los enanos después de 31 años de imagen inmaculada de sus Banderas Azules le saca especialmente de sus casillas, y no duda en admitirlo. “Si no quieren las banderas, que no las pidan. ¿Qué dicen que esto es un negocio? Pues claro que lo es: es el mejor negocio para los españoles, que pagan de media 250 euros (por playa) por un galardón apoyado por Naciones Unidas, en lugar de 2.000 o 4.000 euros por un cartoncito que la gente ni conoce”, dice en referencia a Q de Calidad o las certificaciones de Aenor ISO 9001 e ISO 14001 que ondean en cada vez más playas.
Y contrataca: “Lo de Galicia son cuatro o seis alcaldes que sus motivos tendrán. Quizás es para promocionar sus propias banderas, o para desacreditarnos porque han perdido la suya. Pero en conjunto, Galicia ha presentado más candidaturas este año que nunca. Tan tontos los alcaldes no serán. Y en Baleares es un tema político sin más. El mismo conceller Biel Barceló, que no quiere pagar por certificar sus playas, recauda 10 millones de euros por la ecotasa”.
El presidente de Adeac sostiene que a España le sale “gratis” el prestigio de las banderas azules, ya que su fundación es una ONG sin ánimo de lucro. “Por eso no nos importa que haya menos playas que piden bandera, porque no vamos a comisión. Pero es que, además, no es verdad. Este año volvemos a batir récord de playas con bandera: 579 en total. Casi te diría que hay demasiadas ya”.
La entidad cuenta con siete empleados, además del presidente, “con salarios de entre 1.000 y 1.200 euros. Somos muy humildes”, subraya Sánchez Moro. Su presupuesto oficial es de 190.000 euros, 155.000 de los cuales proceden de las donaciones de las distintas comunidades autónomas participantes, y los otros 35.000 euros de los Presupuestos Generales del Estado. Las comunidades, previo pago, pueden participar como miembro del ‘jurado internacional’ que valora las candidaturas. Es decir, votar a sus vecinos y valorar también sus propias playas. Ser juez y parte en la entrega de banderas, un hecho que los críticos se toman con ironía.
A la financiación de autonomías y del Estado se suman otras partidas por servicios puntuales, como los 120.000 euros abonados por Fundación Mapfre en concepto de la campaña ‘Prevención de ahogamientos 2017’ o la financiación de su programa Green Campus por parte de la European Recycling Platform, alimentada por empresas como Sony, Apple o Toshiba.
“El problema de las banderas azules no es que existan, porque hasta cierto punto ayudan a cumplir unos parámetros, como acceso para minusválidos o servicios como duchas en playas urbanas. Pero en ningún caso implica que esa playa tenga un agua más limpia o sea más respetuosa con el medio ambiente. Y desde Banderas Azules se han aprovechado interesadamente de esa confusión. En lugar de ser honestos y explicar que una bandera azul se otorga en base a unas instalaciones como aparcamientos o paseos marítimos, han dejado creer a la gente que las banderas son un distintivo ecológico”, se queja Iván Ortuzar, de Ecologistas en Acción.
