Anula la normativa que obliga a contratistas y adjudicatarios a cumplir con una serie de condiciones lingüísticas para poder contratar con la administración pública. Se trata de la misma normativa que en Baleares han aprobado los consistorios de Palma y Calviá gobernados por el PSOE.
La sentencia del TSPV también argumenta que la imposición de la lengua regional “soslaya el derecho” de los contratistas a la elección del idioma y resulta “incompatible con el régimen jurídico de la contratación pública”. Lo que es perfectamente aplicable a la imposición del catalán en Baleares. Máxime cuando el tribunal reconoce el tratamiento “discriminatorio”que reciben los castellanoparlantes respecto a la comunicación institucional, la edición de publicaciones y el acceso a internet.
La exigencia del uso del vascuence como condición para la percepción de subvenciones o la contratación de cualquier tipo de obra o servicio fue implantada por el partido proetarra BILDU. En Baleares ha sido el PSOE con el apoyo de los separatistas de MES y PODEMOS los que han aprobado la misma normativa para el ayuntamiento de Palma y el de Calviá, en Mallorca.
La entidad confía que con esta nueva sentencia se respeten los derechos y libertades lingüísticas. El presidente de la FNCB, Jorge Campos, considera que "el PSOE vuelve a quedar en evidencia por su radicalismo catalanista que incluso le lleva a seguir la política lingüística de BILDU".
