En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se explica que se les "ha impedido poder ejercer los derechos" de la familia a la hora de solicitar información al Hospital Universitario de Son Espases, al colegio, a la Conselleria de Educación y al Juzgado. La respuesta siempre fue "negativa o silenciosa", remarcan.
"Por lo tanto", explican en el escrito presentado por su abogado defensor, Marcos García Montes, "se han hallado imposibilitados de obtener la información suficiente (...) y de ahí la necesidad de practicar los oficios solicitados en la presente querella".
Asimismo, señalan que no pueden rebatir lo que dice el Ministerio Fiscal sobre el caso, ya que "desconoce el contenido" por lo que solicitan que "se suspenda el plazo para la interposición del recurso de reforma", hasta que no se les "dé traslado del meritado informe".
Por otra parte, entienden que "pese a que no cabe imputabilidad penal a los menores implicados, si cabe imputabilidad penal a los responsables del centro al no cumplir con su deber vigilando".
Además, consideran "esencial" la práctica de diferentes diligencias de prueba para "esclarecer" los hechos y, en concreto, piden que la declaración "de los diferentes educadores y de la directora del centro".
